La columna de Miguel Guerrero

Por Miguel Guerrero / El Caribe

La comisión oficial designada por el presidente Fernández para rendir un informe acerca del desaguado de la presa de Tavera deberá entregar en estos días los resultados de su labor.

Y se espera que en aras de la transparencia y en respeto a la comunidad de Santiago y otras poblaciones del Cibao afectadas por las graves inundaciones provocadas por ese hecho, el jefe del Estado haga públicas las conclusiones.

El decreto que la creó le dio un plazo de noventa días a la comisión para rendir su informe.

El desfogue de Tavera provocó decenas de muertes y daños todavía incalculables a toda esa vasta y productiva región del país.

En vista de la magnitud del desastre, el país confía en que la comisión oficial tome en cuenta los hallazgos de un informe rendido por un grupo de especialistas de Santiago que asegura hubo negligencia de parte de las autoridades responsables del cuidado de la obra, un mal manejo de la situación y una inobservancia injustificable del manual de la presa.
Sin embargo, el presidente Fernández ha descalificado las conclusiones de ese grupo de especialistas señalando que su formación carece de legitimidad.

La observación presidencial plantea, sin embargo, la posibilidad de que ese informe, a despecho de su valor técnico, sea desestimado y se intente cerrar el caso con un reporte justificativo del vaciado que arrojó enorme caudal de agua inundando valles y poblaciones.

Además, la Suprema Corte de Justicia deberá pronunciarse pronto sobre la instancia de inconstitucionalidad del escandaloso contrato con la Sun Land y a la Junta Central Electoral le tocará tomar una decisión acerca de las denuncias graves de uso masivo de recursos públicos a favor de la reelección del Presidente.

Estos y otros casos pondrán a prueba la transparencia del Gobierno y la real independencia de otros poderes.

Y sobre todo la legitimidad del proceso electoral.

Miguel Guerrero es escritor y periodista
mguerrero@mgpr.com.do