EDITORIAL/Vías de derecho

El Nacional, Vespertino Dominicano

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó la sentencia de prisión y multa contra diez implicados en el caso del Plan Renove, con lo cual ese expediente parece adquirir la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada, salvo el mejor parecer de jueces y abogados.

Toda decisión de un juez o corte puede apelarse por vías que la propia ley pone a disposición de los afectados. Sabio ha sido el legislador, al instituir, además de la Apelación y Casación, recursos excepcionales como los de Revisión, Tercería y Hábeas Corpus, a los fines de que no se conculquen derechos de los procesados.

Las sentencias judiciales serán buenas o malas según el parecer de beneficiados o perjudicados, pero no hay manera de atacar un fallo penal o civil, que no sea por vía de los recursos señalados en el Código Procesal Penal.

Los abogados de los condenados por alegada prevaricación en el manejo del Plan Renove tienen la tarea de identificar alguna ventanilla procesal por donde reintroducir el caso que afecta a sus patrocinados, aunque se ha señalado que la sentencia ratificada por la Suprema Corte sería de obligatoria ejecución no obstante cualquier recurso.

Todo lo antes expuesto sirve para censurar adelantadas amenazas de huelgas o paros de choferes y camioneros en protesta por la decisión de la Suprema Corte de Justicia en contra de empresarios del transporte, toda vez que ese recurso no figura en el Código Procesal Penal.
Sin menoscabo a la presunción de inocencia que con todo derecho invocan los procesados, parece inconsistente el argumento de que ese juicio y la decisión de la Suprema Corte tienen ribetes esencialmente políticos, porque algunos han agenciado pactos laborales o corporativos con el Gobierno.

Si bien es cierto e ineludible deber que Ministerio Público y justicia están en obligación de resguardar los derechos de todo procesado o imputado, no menos cierto es que ningún ciudadano puede considerarse exento de la aplicación de la ley.

Empresarios, dirigentes sindicales o políticos incurrirían en un error si, en vez acudir a vías de derecho estipuladas en la ley, invocan caos o desorden como recurso para atacar la sentencia impuesta por la Suprema Corte de Justicia, porque sería como abrir otro expediente criminal.