Por Redacción / elcaribecdn.com
Manuel A. Quiroz, director de El Caribe y vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), presentó ayer en Caracas, Venezuela, el informe sobre la libertad de prensa en República Dominicana, durante la asamblea que realiza ese organismo.
A continuación el informe presentado por Quiroz:
Informe ante la Comisión de Libertad de Prensa e Información en la asamblea de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, Caracas, 27 de marzo
2008
2008
En la República Dominicana prevalece en general libertad para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, pero ha ido tomando cuerpo una peligrosa tendencia para tratar de someter a la prensa independiente a la autocensura cuando toca temas críticos que pueden afectar la imagen o los intereses de determinados sectores o personajes de la esfera tanto pública como privada.
En un documento conjunto emitido a mediados de febrero pasado, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) advirtieron acerca de la gravedad de esta propensión al afirmar que existen funcionarios, grupos y personas en la sociedad que al no comprender o respetar el rol del periodista intentan limitar con sus actitudes, amenazas y agresiones dichos derechos, sin que esto implique necesariamente una línea gubernamental definida contra la libertad de expresión.
En efecto, se están produciendo situaciones en que funcionarios o ciudadanos particulares llaman a los periódicos o a medios de comunicación electrónicos, no para ejercer el derecho a réplica o hacer aclaraciones pertinentes y respetuosas, sino para proferir amenazas y en algunos casos materializarlas a través de demandas por supuestos actos de difamación e injurias.
La mayoría de estas demandas son desestimadas en los tribunales, pero los procesos hacen que medios y periodistas pierdan, aunque sea momentáneamente, la debida concentración en su sagrado compromiso de informar y orientar al público sobre cuestiones de interés general, además de producir temores e inducir a la autocensura.
En una magistral exposición con la que fijó su voto disidente a una condena al periódico Listín Diario y su ex director, Miguel Franjul, el juez Francisco Ortega, quien antes de graduarse de licenciado en derecho ejercicio el periodismo, ha alertado al país sobre las negativas implicaciones que estas demandas plantean para el futuro de una prensa que debe contar siempre con independencia, amplitud de miras y no estar sujeta a restricciones que no sean las establecidas por la ley y los principios éticos.
Los medios de comunicación que actúan con seriedad y fiel apego a las normas de buen periodismo tienen que verificar y sustentar las informaciones que divulgan, además de respetar la honra particular de los ciudadanos y de ser receptivos ante cualquier reacción que pueda producir su ejercicio profesional.
Pero no pueden, de ningún modo, trabajar bajo la amenaza permanente de aquellos que solo comulgan con un periodismo anodino o complaciente y que responden de forma inadecuada y desproporcionada ante cualquier señalamiento crítico que pueda afectar sus intereses particulares.
En medio de este preocupante panorama, se produjo un hecho de gran satisfacción para el periodismo dominicano, cuando la Suprema Corte de Justicia escribió una de las páginas más memorables en la historia de la justicia dominicana con la sentencia que impone la condena máxima de 30 años a Joaquín Antonio Pou Castro por el asesinato del periodista Orlando Martínez.
Treinta y dos años después de un horrendo crimen contra un mártir por el ejercicio vertical e indomable de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, se hace justicia a uno de sus asesinos.
Pou Castro había sido condenado a 20 años de prisión como cómplice, cuando en realidad participó en la autoría intelectual, además de coautor en los hechos materiales que culminaron con el crimen.
Tras esa justa y valiente sentencia de nuestra corte suprema, ha tomado fuerza un reclamo para que la Justicia complete su papel en este caso llevando al banquillo de los acusados a otros autores intelectuales que permanecen impunes.
Anexo a este informe, el documento que he citado del Colegio Dominicano de Periodistas y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que representa un inestimable servicio, no solo a la clase periodística en particular, sino a la sociedad dominicana en su conjunto, que tiene derecho a recibir informaciones sin sujeción a censura previa ni a ningún tipo de interferencias o presiones indebidas
En un documento conjunto emitido a mediados de febrero pasado, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) advirtieron acerca de la gravedad de esta propensión al afirmar que existen funcionarios, grupos y personas en la sociedad que al no comprender o respetar el rol del periodista intentan limitar con sus actitudes, amenazas y agresiones dichos derechos, sin que esto implique necesariamente una línea gubernamental definida contra la libertad de expresión.
En efecto, se están produciendo situaciones en que funcionarios o ciudadanos particulares llaman a los periódicos o a medios de comunicación electrónicos, no para ejercer el derecho a réplica o hacer aclaraciones pertinentes y respetuosas, sino para proferir amenazas y en algunos casos materializarlas a través de demandas por supuestos actos de difamación e injurias.
La mayoría de estas demandas son desestimadas en los tribunales, pero los procesos hacen que medios y periodistas pierdan, aunque sea momentáneamente, la debida concentración en su sagrado compromiso de informar y orientar al público sobre cuestiones de interés general, además de producir temores e inducir a la autocensura.
En una magistral exposición con la que fijó su voto disidente a una condena al periódico Listín Diario y su ex director, Miguel Franjul, el juez Francisco Ortega, quien antes de graduarse de licenciado en derecho ejercicio el periodismo, ha alertado al país sobre las negativas implicaciones que estas demandas plantean para el futuro de una prensa que debe contar siempre con independencia, amplitud de miras y no estar sujeta a restricciones que no sean las establecidas por la ley y los principios éticos.
Los medios de comunicación que actúan con seriedad y fiel apego a las normas de buen periodismo tienen que verificar y sustentar las informaciones que divulgan, además de respetar la honra particular de los ciudadanos y de ser receptivos ante cualquier reacción que pueda producir su ejercicio profesional.
Pero no pueden, de ningún modo, trabajar bajo la amenaza permanente de aquellos que solo comulgan con un periodismo anodino o complaciente y que responden de forma inadecuada y desproporcionada ante cualquier señalamiento crítico que pueda afectar sus intereses particulares.
En medio de este preocupante panorama, se produjo un hecho de gran satisfacción para el periodismo dominicano, cuando la Suprema Corte de Justicia escribió una de las páginas más memorables en la historia de la justicia dominicana con la sentencia que impone la condena máxima de 30 años a Joaquín Antonio Pou Castro por el asesinato del periodista Orlando Martínez.
Treinta y dos años después de un horrendo crimen contra un mártir por el ejercicio vertical e indomable de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, se hace justicia a uno de sus asesinos.
Pou Castro había sido condenado a 20 años de prisión como cómplice, cuando en realidad participó en la autoría intelectual, además de coautor en los hechos materiales que culminaron con el crimen.
Tras esa justa y valiente sentencia de nuestra corte suprema, ha tomado fuerza un reclamo para que la Justicia complete su papel en este caso llevando al banquillo de los acusados a otros autores intelectuales que permanecen impunes.
Anexo a este informe, el documento que he citado del Colegio Dominicano de Periodistas y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que representa un inestimable servicio, no solo a la clase periodística en particular, sino a la sociedad dominicana en su conjunto, que tiene derecho a recibir informaciones sin sujeción a censura previa ni a ningún tipo de interferencias o presiones indebidas
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