La columna de Miguel Gerrero

Por Miguel Guerrero / El Caribe

Según la ley electoral, el candidato del Partido Reformista, Amable Aristy Castro, está en la obligación de tomar licencia de su cargo. Es el único de los aspirantes a la presidencia afectado por ese mandato, no sujeto a interpretación alguna por cuanto la ley es clara y tajante al establecer que todo candidato queda automáticamente separado de las funciones públicas que desempeñe tan pronto como la Junta Electoral admita como válida su candidatura.

Resulta incomprensible que el candidato reformista y su partido, que tanto critican el uso masivo de recursos públicos por parte del gobierno a favor de la reelección del presidente Fernández, acusen al oficialismo de violar la ley electoral que ellos conscientemente desconocen.

La ley no impone esa obligación a los funcionarios que ejercen cargos electivos, por lo que el mandatario y candidato del PLD queda exonerado de cumplir con ese requisito.

El candidato reformista ha dicho que sólo tomaría licencia de su cargo de secretario general de la Liga Municipal, que le da acceso a recursos públicos, si el presidente de la República lo hace antes, lo cual es un argumento vacío y sin fundamento.

Pero lo extraño es que si Aristy Castro llegara a separarse temporalmente del puesto en lo que resta de campaña, se ganaría el respeto de mucha gente, sentando a la vez un precedente, por lo que no se explica que él y sus asesores no hayan valorado el profundo significado del respeto a la ley y a las normas establecidas.

Pero más decepcionante es todavía que la Junta Central Electoral no haya cumplido con su obligación de hacer cumplir las reglas que fija la ley, de cuya observación depende la autoridad moral que ella requiere para ser un árbitro confiable del proceso.

Sin lugar a dudas, el reformismo se invalida a sí mismo para criticarle al gobierno violaciones a la ley cuando también incurre en esa deplorable falta.

Miguel Guerrero es escritor y periodista
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