En el Gobierno se cree que enriqueciendo al Estado, las cosas serán más fáciles. Se olvidan esos dirigentes, o poco les importa, que esto sólo puede ser posible a costa del empobrecimiento de los ciudadanos, que ven así cómo la gula fiscal de los gobiernos acaba por mermar sus recursos, agravando sus penurias y haciendo mucho más difícil la solución de sus problemas particulares.
Si esta tendencia se afirma en períodos de devaluación, como ha ocurrido varias veces en el pasado, entonces la situación se torna todavía más grave.
Los gobiernos se agencian recursos abundantes para poder cumplir generalmente con compromisos que nada tienen que ver con las urgencias del país.
Usualmente se trata de deudas provenientes de campañas electorales, que al honrarlas los gobiernos desvían recursos destinados a otros asuntos de mayor interés. Hablamos de un tipo de corrupción que afecta una estricta y correcta observación de prioridades.
El país atraviesa todavía por una situación económica difícil acentuada por conflictos sociales y enfrentamientos del gobierno con sectores con capacidad para ejercer presión y modificar directrices o políticas oficiales.
Un gobierno demasiado grande, empeñado en un proyecto político continuista contra una fuerte corriente nacional, requiere de más y más fondos para atender las necesidades de carácter partidista que se ha creado.
En la medida en que los gobiernos asumen obligaciones desproporcionadas y fuera de toda razón requieren de más recursos.
La experiencia vivida por los dominicanos es que en tal situación recurren a más impuestos, ante la resistencia a imponerse a sí mismo restricciones, lo cual impide que enfoquen la mira hacia los verdaderos problemas nacionales.
Por eso, nuestra primera y más urgente prioridad tiene que ser una reforma radical que reduzca el papel del gobierno en la vida de la nación.
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