La columna de Miguel Guerrero

Por Miguel Guerrero / El Caribe

Si la sociedad de Santiago, ya de la ciudad como de la provincia, si las fuerzas organizadas de esa importante región del país permanecen indiferentes al informe de la comisión oficial sobre el desaguado de la presa de Tavera, se merecen lo sucedido.

Esta fue la opinión que ofrecí a medios internacionales cuando me preguntaron acerca de las conclusiones del equipo designado por el presidente Fernández. El informe de todas formas era predecible. Y eso lo hace más penoso.

El mandatario le había trazado las pautas a la comisión al descalificar, de manera sorprendente, el voluminoso expediente emitido pocas semanas después del trágico vaciado de la presa por una comisión de especialistas de Santiago que encontró enormes deficiencias en el manejo de la situación y total inobservancia de las recomendaciones del manual de la hidroeléctrica.

Los comisionados oficiales, en su casi totalidad altos funcionarios del Gobierno relacionados con el caso, lo cual era y es razón suficiente para dudar de la seriedad técnica de la investigación, no tomaron en cuenta como se esperaba las recomendaciones ni mucho menos las observaciones de los especialistas.

Se trata obviamente de un caso cerrado sobre el cual no se deben esperar sanciones, a despecho de las decenas de muertes y los enormes daños provocados por la apertura abrupta de las compuertas de la presa, mientras la gente dormía.

Un ejemplo típico de prepotencia oficial y de desprecio a la opinión pública y al dolor de familias que perdieron parientes y todo cuanto poseían bajo el ímpetu de las aguas. Nadie en el Gobierno se ha excusado por lo ocurrido, ni debe esperarse que lo haga.

Desde un principio se hizo evidente que no cabía posibilidad alguna de que se admitiera el error, que se ha intentado enmendar con obras y reparto de dinero, lo que enseña el valor que en el ámbito oficialista se le da a la vida humana.

Miguel Guerrero es escritor y periodista
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