Listin Diario, Matutino Dominicano
Jaime Aristy Escuder
Las acciones ilegales cometidas por el gobierno de Leonel Fernández, a mi modo de ver, lo han convertido en ilegítimo. La violación de la Constitución y de numerosas leyes, la corrupción generalizada y el uso indebido de los recursos del erario a favor de los funcionarios y de la causa reeleccionista han provocado la pérdida de legitimidad de un gobierno que nació de un proceso electoral legal.
La legitimidad de la presidencia de Leonel Fernández se basa en la Constitución de la República. De ahí se desprende que las acciones violatorias a la Constitución han socavado la legitimidad de esa presidencia. El endeudamiento ilegal e inconstitucional por 130 millones de dólares, llevado a cabo por el gobierno de Fernández bajo el contrato SunLand, es una violación a la Constitución de la República. El no depósito de ese dinero en las cuentas del gobierno en el Banco de Reservas o en el Banco Central es otra violación a la Constitución y a las leyes que rigen las finanzas públicas. La desaparición de esos 130 millones de dólares también es una violación de la Carta Magna.
El uso de la fuerza que tiene el poder Ejecutivo para presionar a la Suprema Corte de Justicia es otra acción que atenta contra la legitimidad de la presidencia de Fernández. Desde el poder se ha estado presionado a los jueces de ese alto tribunal para que no conozcan el recurso de inconstitucionalidad elevado en contra del contrato firmado con la empresa SunLand y de las 19 Notas Promisorias por 130 millones de dólares. Es penoso y vergonzoso que jueces de la Suprema Corte de Justicia claudiquen ante esas presiones en vez de levantarse y defender los sagrados intereses del pueblo dominicano.
El uso de los recursos públicos para pagar a miembros de los Comités de Base del PLD es otra violación de la Constitución. El presidente del Senado de la República y Secretario General del PLD, Reynaldo Pared Pérez, declaró recientemente que no conocía la nómina CB. Esa afirmación significa que el Congreso Nacional no aprobó dentro de la Ley de Gastos Públicos el uso del dinero del pueblo para pagar a los miembros del PLD. Esa es una apropiación ilegal de fondos que reduce la legitimidad de la presidencia de Leonel Fernández. Lo irritante es ver a la cúpula del PLD negar la existencia de esa nómina cuando se ha dado a conocer públicamente una voluminosa documentación que demuestra claramente la existencia de los pagos a miembros de los Comités de Base.
La construcción de un Metro sin presupuesto y rendición de cuentas viola la Ley de Gasto Público. En un artículo publicado en la revista Time se explicó que la decisión de construir ese Metro, asignando las obras grado a grado, se tomó para beneficiar al entorno de Leonel Fernández. El mandatario se burló del pueblo cuando decidió transferir casi 2,000 millones de pesos del presupuesto de Educación y Salud Pública a los encargados de la construcción del Metro, aunque no hay butacas en escuelas ni medicamentos en los hospitales.
La historia se repite dos veces. Una como tragedia y la otra como farsa. El general Ulises Heureaux (Lilís) obtuvo el poder de forma legal en 1882 ñcon el apoyo del general Gregorio Luperón, a quien posteriormente traicionó- y se convirtió en un presidente ilegítimo mediante la corrupción, el endeudamiento ilegal y la compra de dirigentes de la oposición. En el 2004, Leonel Fernández recibió el beneficio de los votantes convirtiéndose legalmente en el Presidente de la República Dominicana con el apoyo de Danilo Medina; sin embargo, se ha convertido en el líder de un gobierno denunciado como seriamente afectado por la corrupción y compuesto mayoritariamente por un grupo de personas cuyas actividades se limitan a enriquecerse, empobrecer a la Nación y burlarse del pueblo dominicano.
Después de revisar todos los casos de violación de la Constitución y las leyes nacionales, he llegado a la conclusión de que la actual presidencia ha perdido su legitimidad. Por ese motivo, para mí, Leonel Fernández ya no es el Presidente de la República.
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