La obsesiva búsqueda de apoyo en litorales ajenos contradice los pronósticos de las encuestas que dan al presidente Fernández una victoria segura en las elecciones del 16 de mayo.
El alto costo económico, para el Estado por supuesto, y las deprimentes escenas que la coreografía oficial le asigna a esos cambios de lealtades políticas de último momento, como si el mundo se les desplomara tanto a quienes abordan la nave como a quienes las conducen , sugieren que las cosas no andan tan bien como las pintan.
Y como todo lo que se deja para último y se compra al por mayor, el alto precio que se paga por ello no trae consigo lo mejor que pudo haberse encontrado en el mercado.
Las mercancías en liquidación son casi siempre lo que los compradores de buen gusto han desechado y se adquieren en los negocios o tiendas en bancarrota. ¿Se creerá que esas adhesiones y las que aún faltan a la espera de la agenda presidencial arrastrarán consigo muchos votos?
¿O la realidad es distinta a como aparecen en las encuestas?
Con todo, la práctica refuerza vicios que el país quisiera ver superados en aras de la institucionalidad. La institucionalidad que se deriva del respeto de los espacios políticos de los partidos de oposición, llamados a desempeñar un papel determinante en la vida democrática de una nación que aspire a vivir en paz y encaminarse por verdaderos senderos de progreso.
La justificación de que no se trata de algo nuevo en la vida política nacional, hace su repetición mucho más repudiable y amoral, por cuanto lo que la hace posible es el uso masivo de recursos públicos, algo sobre lo cual el país espera un pronunciamiento de la Junta Central Electoral.
Una decisión que el organismo responsable del montaje de las elecciones no puede eludir sin faltar a su obligación de garantizar un proceso justo en igualdad de condiciones para todos los candidatos y partidos del sistema.
Miguel Guerrero es escritor y periodista
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