EDUARDO JORGE PRATS
Los dominicanos estamos en medio de una encrucijada: o dejamos que la democracia que construimos desde la muerte de Trujillo perezca fruto de su degradación o decidimos establecer los correctivos de lugar y consolidar una democracia más representativa, más participativa y más responsiva. Nuestra cita con la historia no solo es cuestión de elección de candidatos presidenciales sino que conlleva ante todo asumir la tarea de consolidar el Estado de Derecho que es el único modo en que es posible vivir en democracia y en libertad.
El momento que vivimos solo convoca el pesimismo. Por un lado, se nos quiere convencer de que las fallas estructurales de nuestro sistema político son inherentes a la democracia partidaria y que lo que sufrimos no es diferente al clientelismo y al caudillismo de otrora, cuando en realidad estamos en presencia de un fenómeno político de nuevo cuño: el intento de socavar las bases mismas del pluralismo político y la alternabilidad en el poder. Por otro lado, se nos advierte que la solución a nuestros problemas no pasa por ninguna de las alternativas partidarias, con lo que se intenta dar el primer paso hacia la disolución del sistema partidario y el enrumbamiento hacia un régimen plebiscitario cercano a la dictadura perfecta del partido único.
La realidad es que el sistema político dominicano está llegando a un punto crítico en donde el esquema tradicional de cosas solo puede conducir a la implosión del sistema mismo. Intentar curar los males de nuestra democracia con más democracia es como tratar de sanar las quemaduras de la piel con más fuego. Lo que se requiere es más Estado de Derecho, más control del poder, más igualdad en la competencia electoral, más responsividad de los gobernantes, más transparencia en el diseño, aprobación y ejecución del presupuesto, más neutralidad política de los reguladores de la economía, menos discrecionalidad y oportunismo en la acción social del Estado, en fin, más (o verdadera) sumisión del Estado y de la Administración Pública a la legalidad y al Derecho.
Nuestras instituciones están sometidas a una tremenda prueba de esfuerzo. La Junta Central Electoral tiene que estar en capacidad de poder dirimir imparcialmente los diferendos surgidos a consecuencia del abuso de los recursos del Estado en la campaña. La prensa tiene que poder mantenerse como foro plural y abierto a todas las expresiones partidarias. Los órganos reguladores de la economía deben orientar su acción al margen de los intereses coyunturales partidarios. La sociedad civil tiene que erigirse en un verdadero contrapeso a la formidable presión estatal en medio de unas elecciones. Las firmas encuestadoras deben poder suministrar un retrato fiel de las preferencias electorales. Los partidos deben resistir la tentación de anular al adversario como si se tratase de un enemigo. Las iglesias deben poder ilustrar a sus feligreses y orientar la activa y responsable participación electoral. Los grupos organizados deben poder defender los derechos de sus asociados sin temor a la persecución gubernamental. La Suprema Corte debe poder ser lo que ella misma se ha auto-proclamado: “guardiana de la Constitución y de las leyes”. El Presidente de la República debe tratar de que su condición de candidato reeleccionista no anule su posición constitucional de Jefe de Estado y de Presidente de todos los dominicanos.
A nuestra democracia le están haciendo falta los frenos y contrapesos del Estado de Derecho. Sin esos “checks and balances”, una democracia puede derivar en tiranía de la mayoría o en dictadura de un grupo organizado que secuestra la voluntad popular en nombre del espíritu del pueblo o del líder iluminado. Acontecimientos recientes revelan que frente a la ausencia de esos frenos y contrapesos estatales, la prensa por un lado, la sociedad civil por otro y las iglesias, como siempre, tratan de prestar su concurso al control de los detentadores del poder, que es la clave de un Estado democrático de Derecho.
El momento exige la participación ciudadana activa. Y es que, como bien afirma Ken Knabb, “si la gente se repliega invariablemente en los males menores”, "todo lo que los gobernantes tienen que hacer en cualquier situación en que su poder se vea amenazado es conjurarlo con la amenaza de algún mal mayor”.
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