La columna de Miguel Guerrero

Por Miguel Guerrero / El Caribe

Circula desde mediados de semana copia de una carta supuestamente enviada por el director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, Félix Bautista, en la que se le pide a la Secretaría de Estado de Finanzas, hoy de Hacienda, el registro como deuda pública de las obligaciones contraídas por el gobierno en el contrato suscrito con la Sunland por un monto de 130 millones de dólares.

El escrito tiene fecha 17 de agosto del año pasado y en él se indica que dicha solicitud “deberá ser considerada como efectivamente depositada en fecha 2 de enero del año 2007”. También se menciona como anexo copia del contrato y de los famosos 19 pagarés de los que tanto se ha hablado en las últimas semanas.
El Partido Revolucionario Dominicano, que ha denunciado como violatorio a la Constitución este compromiso, por no haber sido enviado en su momento al Congreso, ha estado mencionando la existencia de esta supuesta comunicación como prueba de que el Presidente le ha mentido al país al negar que esa deuda exista.

Si esa carta fue en efecto enviada, como alega el PRD, el caso de la Sunland adquiriría sin lugar a dudas una mayor dimensión, como igual sucedería si se tratara de un apócrifo.

Tratándose de un asunto de tanta trascendencia, sobre el cual se espera que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie, convendría a la presidencia de la República aclarar la situación respecto a la existencia o no de esa comunicación del señor Bautista.

Ignorar este nuevo capítulo del caso Sunland sólo contribuiría a colocar al gobierno en una situación en extremo delicada dejando un campo de acción amplio al PRD y al resto de la oposición, en los inicios de una campaña electoral, en la que el partido oficialista y el presidente Leonel Fernández, quien busca la reelección, se las juegan todas.

El gobierno está política y moralmente obligado a decirle al país cuanto necesita saber sobre este asunto.

Miguel Guerrero es escritor y periodista
mguerrero@mgpr.com.do