La columna de Miguel Guerrero

Por Miguel Guerrero / El Caribe

La resolución que prohíbe, pero que en la práctica no impide, a los partidos hacer propaganda pone al candidato oficialista en ventaja sobre sus oponentes, dado que las actividades del gobierno caen dentro del terreno del proselitismo y se usan para promover la reelección.

No tiene sentido prohibir la difusión de cierto tipo de publicidad electoral, cuando se escuchan cuñas políticas por doquier en la radio y no ha parado la colocación de pautas televisivas, mientras los candidatos se mueven por todo el país promoviéndose sin cesar. Algunas de las más recientes medidas de la Junta Central Electoral tienden a restarle la autoridad que necesita para arbitrar el proceso sin exponerse a graves cuestionamientos que sumirían a la nación en la incertidumbre.

Si el organismo no es capaz, como ha confesado, de limitar acciones oficiales que implican un uso sin límites del poder y los recursos del Estado a favor de la reelección del Presidente, no puede caer en la trampa o en la ingenuidad de poner limitaciones que en los hechos sólo afectan a las distintas opciones de la oposición política.

Ni siquiera la tragedia que ha caído sobre el país con el paso de la tormenta Noel, ha frenado el impulso del proyecto a favor de la reelección.

Todo lo contrario. La tragedia ha servido para reactivarlo, utilizando la distribución de alimentos y otra ayuda humanitaria, mucha de ella aportada por gobiernos y organismos extranjeros, para promover la figura presidencial.

Las controversias públicas entre jueces de la junta han debilitado su credibilidad en el electorado, lo cual ha generado el temor de que ello afecte la buena marcha del proceso.

A esto se agrega ahora el malestar entre el organismo y los partidos, con amenazas desde el Congreso de cambiar la estructura de la junta para reducirla sólo a tres jueces en lugar de nueve. Demasiadas cosas para una junta tan débil.

Miguel Guerrero es escritor y periodista
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