ECONOMÍA DOMINICANA/Gobierno del caos y caos del Gobierno

Servicios Google/Clave Digital, Santo Domingo

La re-escalada de la tasas de pauperización de las masas populares y de desalarización de las clases trabajadoras se logra mediante la redistribución regresiva del presupuesto nacional y la combinación de subida de la inflación y bajada de la ocupación laboral en las plantas industriales, las plantaciones agrarias y las actividades cuentapropistas rurales y urbanas.

Luis H. Vargas
.
La tragedia de cientos de muertos y desaparecidos, miles de hogares destruidos y damnificados y millones de pesos en pérdidas materiales y financieras, ocurrida tras el paso de la tormenta Noel sobre el territorio nacional, no tiene otro responsable principal que el presente gobierno central de República Dominicana.

En los últimos años, el país ha pasado del colapso de la administración gubernamental de gobierno del PRD, de 2000 a 2004, al caos provocado por la actual gestión caótica de gobierno del PLD, comprendida entre 2004 y 2008.

El gobierno de Fernández promueve el caos: recesión de la actividad productiva y expansión de la desocupación laboral, tronera tanto en las cuentas exteriores como en las cuentas fiscales, mayor pauperización de los pobres y más enriquecimiento de los ricos, propagación de la delincuencia y la drogadicción y multiplicación de la clientelización y la represión y, además, incentivación del racismo y la violación cotidiana de la legalidad, la Constitución y los derechos de dominicanos y extranjeros; al mismo tiempo que se desenvuelve caóticamente en el ejercicio del poder: carencia de planes y estrategias nacionales, sumisión a los dictámenes de poderes y organismos imperiales, priorización de proyectos políticos anti-populares, tales como la re-elección gubernamental y la venta del patrimonio público a precio de vaca muerta, y, por último, indolencia ante los sufrimientos y reclamos de las masas populares y comunidades pobres.

La recaída de las tasas de crecimiento de la economía y de capitalización de las empresas criollas se ha conseguido a través de una política de sobrevaluación ficticia del peso frente al dólar y el euro, en razón de que la compra de divisas con menos pesos permite el abaratamiento de las mercancías importadas y el encarecimiento de las exportadas y, más aún, la sustitución de producción mercantil y fuerza laboral criollas por oferta de importación.

Se estima que a fines del corriente 2007, el cuantioso saldo negativo de balance comercial termine hundiendo las cuentas corrientes de balanza de pagos en un foso de más de 2 mil millones de dólares, cuyo relleno no cesa de depender de manera creciente de las afluencias de capitales extranjeros, en especial de inversiones de cartera o de los volátiles capitales golondrina.
La apreciación de la moneda nacional con respecto a las monedas internacionales ceba el lucro de los capitales foráneos, a costa de los ingresos producidos por trabajadores y empresas nativos de exportación de bienes y servicios y las remesas monetarias de familias residentes en el extranjero, en gran medida en Estados Unidos.

Los bajos precios del dólar y el euro, en términos de pesos, abultan la repatriación de beneficios e intereses respectivos de las empresas transnacionales radicadas en el país y de los acreedores internacionales, a la vez que aminoran la carga de repaga de de deuda externa y facilitan el flujo de capitales, sobre todo si se toma en cuenta los diferenciales rentables vigentes entre encumbrados tipos de interés nacionales y reducidos tipos internacionales.

En pocas palabras, la generación de mayores déficits de cuentas comerciales y corrientes demanda a su vez mayores endeudamientos exteriores y, en consecuencia, supone inevitablemente mayores boquetes en la balanza de rentas de inversión, es decir más repagos de intereses y más reenvíos de utilidades al exterior. A fin de cuentas, las bajas cotizaciones del dólar y el euro regeneran zanjas deficitarias que son tapadas con re-endeudamientos estatales, a cargo de sostenidas punciones fiscales de las rentas laborales y populares.

La re-escalada de la tasas de pauperización de las masas populares y de desalarización de las clases trabajadoras se logra mediante la redistribución regresiva del presupuesto nacional y la combinación de subida de la inflación y bajada de la ocupación laboral en las plantas industriales, las plantaciones agrarias y las actividades cuentapropistas rurales y urbanas.

El gobierno tiende cada vez más a cobrar impuestos directos e indirectos a las capas trabajadoras y a constreñir realmente los gastos en servicios personales y sociales, a sabiendas de que menos del 20% de la población dominicana acapara más del 55,0% de las riquezas nacionales y que alrededor del 60,0% de las familias califican como pobre, indigente o hambrienta.

El régimen de recaudación fiscal impuesto en el país por la oligarquía nativa expolia el fondo de consumación de las clases asalariadas, las capas campesinas y las micro-empresas de los campos y ciudades, en tanto favorece la elusión y evasión fiscal de grandes compañías y familias receptoras de altísimos niveles de ingreso y propietarias de inmensas fortunas.

Una muestra del incumplimiento de la ley impositiva por muchos empresarios se puede fácilmente observar en el impago frecuente del impuesto sobre la renta-ganancia, cuyo monto, en este año 2007, apenas gravita con la miserable cuota de menos del 2,0% del producto bruto interior -PBI-, y, peor aún, en años posteriores, apunta a recular a menos de 1,2%, en caso de aprobación de la nueva (contra)reforma del código tributario concebida por publicistas desfasados de la errónea "Curva de Laffer”, organizaciones patronales y partidos opositores, en particular el PRD.

Los impuestos recaudados se orientan preferentemente al pago de millonarios sueldos de incompetentes burócratas, al servicio de los adeudos y al gasto en edificaciones públicas, sin ningún impacto positivo en la eficiencia de la administración estatal, la mejoría del nivel de calidad de vida comunitaria y la elevación del grado de competitividad y productividad de las compañías domésticas.
Resulta vergonzante que mientras muchos bebés se mueren por carencia de atención médica elemental, innumerables ancianos se enferman por falta de seguridad social básica e incontables madres paren en condiciones precarias en los hospitales públicos, el gobierno peledeísta se empecine a límites de necedad en pagos astronómicos de salarios a indolentes funcionarios dedicados a la custodia celosa de intereses espurios, en franca violación de la Constitución, leyes y normativas nacionales.

Entre los casos más escandalosos de remuneraciones salariales millonarias se citan las pagadas al secretario de Estado de Hacienda, al gobernador del Banco Central y al embajador dominicano en Washington, a pesar de las reiteradas críticas difundidas en los medios de comunicación y diarias demandas de rebaja realizadas por organizaciones populares y cívicas.

El primero no escatima esfuerzo alguno en propagandear la sustitución del peso por el dólar, en tanto maquilla datos sobre ingresos y egresos fiscales, en especial los créditos de Petro Caribe y los atrasos de pagos de adeudos internos y externos.

El segundo no guarda ningún empacho en defender los intereses de los acreedores extranjeros y los oligarcas nativos, cobijados bajo el manto (anti)constitucional, (i)legal y (anti)reglamentario de la Junta Monetaria, al mismo tiempo que no se cansa de mentir sobre el crecimiento del PBI y la evolución de las cuentas nacionales, al punto de caer en la mitomanía de cantaletear, con chillido estruendoso en los medios de comunicación de masas, el disfrute nacional de un supuesto milagro económico, en plena contradicción con la cruda verdad de que el país va de mal en peor y de que cada minuto se descarrila por la pendiente del desbarajuste de la economía y las finanzas privada y estatal.

Y, el tercero, no expresa ni siquiera una pizca de sonrojo cuando respalda públicamente la aventura guerrerista del Estado norteamericano en otros países y mantiene silencio sepulcral sobre la permanente campaña xenófoba anti-migrante desplegada fanáticamente por la derecha neo-conservadora, pro-cristiana y paleo-conservadora en Estados Unidos. Por demás, este seudo-representante de los intereses nacionales dominicanos ha brindado su apoyo incondicional a las acciones racistas y xenófobas del gobierno fernandista contra dominicanos de origen africano y haitianos indocumentados, no obstante haber opinado todo lo contrario en el pasado reciente, en particular cuando dirigió un centro de estudios y tratamiento de conflictos internacionales de la PUCMM, en Santo Domingo.

En realidad, el problema de fondo no es de paga de una tarifa salarial privilegiada a contados comisarios gubernamentales, sino del desempeño de funciones públicas contrarias abiertamente a los intereses nacionales y los preceptos legales, puesto que si en el país se respetara mínimamente la ley, hace tiempo que estos anti-nacionales burócratas, renuentes a cumplir sus respectivas obligaciones de comisarios, ya hubieran tenido que renunciar de sus puestos asignados por el dedo presidencial.
En el corriente año 2007, el gobierno ha presupuestado el acaparamiento de más del 17,0% de sus ingresos totales para la repaga de deuda exterior. Pero no ha cumplido, en los primeros diez meses transcurridos, y ni va a cumplir, en los próximos dos meses restantes del año, con dichos compromisos financieros.

Las causas inmediatas de este incumplimiento de obligaciones obedecen, en enorme medida, al desvío de fondos gubernamentales para cubrir gastos clientelistas de la febril campaña reeleccionista, erogaciones improductivas como la construcción del deficitario metro en Santo Domingo, las empinadas transferencias corrientes llevadas a cabo para el consumo de energía eléctrica, la reciente devastación provocada por la tormenta Noel y la obligatoria duplicación de la remuneración salarial que hay que realizar en el venidero diciembre, establecida por ley con motivo de las fiestas navideñas.

Aunque el gobierno central ha aplicado desde 2004 tres (contra)reformas tributarias lesivas a la mayoría de las empresas y familias dominicanas y en el transcurso del año en curso, por un lado, ha acaparado jugosos fondos por concepto del cobro inflamado del diferencial de los combustibles: más de 14 mil millones de pesos, del recibo de los aportes subvaluados de Falconbridge: casi 10 mil 500 millones, el crédito manipulado de Petro Caribe: menos de 2 mil 800 millones, y el impuesto sobre el beneficio del capital derivado de la venta de las acciones de Verizon: 50,0% de 170 millones de dólares o cerca de 2 mil 850 millones de pesos, la verdad más clara que el agua es de que no logra equilibrar el presupuesto, de acuerdo a las órdenes violatorias de la soberanía nacional impartidas por el FMI.

El supuesto superávit primario (ingresos menos gastos, exceptuado intereses) alcanzado a la fecha por las autoridades gubernamentales no es más que un reacomodo de cifras falsas y ocultamiento de recepción de fondos y erogaciones de rentas, al margen de las leyes y aprobaciones congresuales. Pruebas de esta consideración se pueden constatar en la retahíla de contratación de préstamos internacionales, la falta de registro consuetudinaria de deuda flotante y las recurrentes impagas de la seguridad social.

La tijera mortal de insuficientes recaudos fiscales -a causa de la recesión sufrida por las actividades económicas, el fracaso de las colectas por parte de la DGII y la criminal evasión empresaria del fisco- y crecientes pagos de adeudos estatales –en razón de los imparables déficits del gobierno central, el Banco Central y las empresas públicas- corta las posibilidades de gestionar un presupuesto equilibrado de ingresos y gastos, estabilizar las variables macroeconómicas y emprender amplios y dignos programas de bienestar social y asistencia de emergencia a damnificados.

El cacareo del Banco Central en torno a la baja tasa de inflación y la congelación de la tasa de cambio desorienta la opinión pública sobre dos hechos incontrovertibles: la curva ascendente irrefrenable del índice de precios al consumo total y subyacente (excluyendo alimentación y energía) y la acumulación de una montaña de certificados y notas de inversión valuados alrededor del 50,0% del valor facial en el mercado dinerario nacional.

En otras palabras, el Banco Central miente descaradamente sobre la evolución de los precios al consumo y diferentes canastas de consumación básica con el propósito de engañar a los tenedores de títulos-valores sobre los rendimientos reales, a los pequeños ahorristas sobre el valor real de sus depósitos, a los trabajadores sobre los niveles verdaderos de salarios reales y a los inversores sobre la cotización real del peso, en tanto encubre la verdad sobre el proceso de re-endeudamiento tanto interno basado en la puesta en circulación de valores inorgánicos como externo afincado en inversiones financieras especulativas.

El negocio “capa-perro” del Banco Central se refiere a la compra de dólares devaluados con pesos inorgánicos y luego a la esterilización de dichos pesos con emisiones de certificados, cuyos rendimientos a su vez son repagados con sucesivas re-emisiones de tales papeles. De este modo, resulta un saldo negativo equivalente a un adeudo neto igual al pago de intereses de los bonos nominados en pesos menos el cobro de intereses de los depósitos de reservas remunerados en dólares.

El sobre-endeudamiento en moneda nacional del Banco Central a través de acumulativas ediciones de bonos ha atravesado varios momentos estelares en procura de rescatar a la banca comercial de la quiebra y cierre: operación ilegal de financiación líquida de bancos colapsados e inmediata conversión del dinero circulante en certificados de inversión; capitalización de los intereses por medio de renovadas re-emisiones de papeles; represa copiosa de los pesos emitidos para deprimir el tipo cambiario y, en efecto, re-establecer los ratios de solvencia y de reservas legales en dólares; y, por último, amontonamiento de reservas internacionales líquidas en dólares, con contrapartidas en títulos, en vista a respaldar la importación de mercaderías, la exportación de utilidades e intereses y la afluencia de capitales externos.

El costo de este programa de salvataje del sistema bancario comercial se cifra en cientos de miles de millones de pesos, incluyendo el plan genocida de recapitalización del propio Banco Central de diez años, valorado en más de medio billón o 500 mil millones (500,000,000,000) de pesos, a expensas del fisco nacional o, lo que es igual, impuestos directos, indirectos e inflacionarios descontados del fondo de consumación de las clases trabajadoras asalariadas, en específico de las capas pobres y desnutridas.

Este genocidio, con respaldo público o callado de varias asociaciones patronales, agrupaciones sindicales, organizaciones no gubernamentales y entidades religiosas, por ejemplo la congregación de los jesuitas, significa que recursos necesarios a la salvación de vidas humanas, tales como la superación de la pobreza, la mejora de los servicios colectivos, la edificación de viviendas populares, la suba de la remuneración salarial y la lucha contra la delincuencia, se destinan al salvamento de los fondos de capital y consumo de lujo de oligarcas, banqueros y especuladores.

El fraude bancario focalizado en un banco ha servido de chivo expiatorio para orquestar una magna operación de desinformación sobre las verdaderas causas de la crisis económica, crediticia y financiera y y la red de culpabilidades que se extiende desde entidades “off-shore” hasta accionistas bancarios, en especial la cargada por el gran beneficiario que no es otro que el más importante banco privado.

Si el bravucón de Gurabo hubiera respetado la ley monetaria y crediticia y rechazado la presión del principal grupo financiero bancario –beneficiario estelar durante la administración perredeísta y posterior donante de decenas de millones de dólares al partido opositor que se alzó con la victoria electoral-, con asesoría nefasta de los corchos neoliberales, no hubiese tenido otra opción que estatizar activos bancarios y no socializar pérdidas que a fines de cuentas hicieron colapsar tanto el gobierno como el país entre 2003 y 2004. Más que puro guapo fue un gran p…

Por qué este país tuvo que pagar deuda exterior derivada del abuso de autoridad de una gobernación que dictaminó una tasa cambiaria a la par entre el peso y el dólar, pese de que el primero estaba devaluado? No hay ninguna respuesta aceptable a esta injustificable resolución. De ahí que este adeudo pendiente pueda ser cobrado, en base a la capitalización de intereses, a los empresarios favorecidos por un gobernador perredeísta, con pasado familiar trujillista, y hoy activo anti-perredeísta y anti-trujillista.

Por qué este pueblo debe pagar déficits resultantes de pésimas administraciones de la banca central, sobre todo después de la Invasión del Estado norteamericano a República Dominicana y consecuente implantación de un mini-estado anti-constitucional compuesto por representantes exclusivos de grupos oligárquicos y bancarios, bajo el formato de Junta (Gubernamental) Monetaria, con poderes y funciones excesivas y contra-constitucionales de gestión de la moneda nacional y crediticia, monopolización de las divisas sin efectiva regulación estatal, imposición de tributos al margen del Congreso Nacional, manejo particular de carteras crediticias, fijación arbitraria y obscura de tipos de cambio, disposición discrecional del patrimonio nacional, apropiado ilegal y/o ilegítimamente por el Banco, control interesado del sistema de cuentas nacionales y encuestas económicas y sociales, auto-proclamación de negociador de convenios internacionales de préstamos, y mecanismo favorecido de representación de intereses oligopólicos y transnacionales.

En vez de consentirse la transferencia de fondos y patrimonios de las clases populares a capas de oligarcas y banqueros, a través de potestades cedidas por el gobierno central al Banco Central, habría que reformar de raíz esta entidad parasitaria, traspasar bienes y funciones a otros organismos estatales y nombrar una nueva Junta Monetaria, formada por miembros independientes de grupos de poder y defensores de los intereses nacionales, en concreto de políticas monetarias que incentiven la reconversión productiva, la ocupación laboral y la redistribución equitativa de la renta y no la absurda meta-inflación, cuya implementación ha sido un fracaso estrepitoso en otras naciones.

Por qué la mayoría de las empresas domésticas y las grandes mayorías nacionales tienen que cargar con el pesado fardo del disparatado, pero no menos criminal, plan de recapitalización del Banco Central y absurda, por no decir abusiva, operación de acumulación de reservas internacionales, con tendencia arrolladora a la desvalorización a causa del descenso en picado de la cotización del dólar, previa inflamación de certificados financieros.

Mientras el movimiento popular y democrático concentra su atención en el fraude bancario valuado en menos de 85 millardos, pierde de vista el genocidio popular ascendente a más de 500 millardos, con posibilidad de que siga volando sin parar a la estratosfera, que están llevando a cabo el gobierno y banco centrales, en provecho muy favorable de connotados grupos de poder económico-político.
Adicionalmente, hay que indicar que la re-emisión de papeles programados en procura de la recapitalización bancaria del instituto emisor contempla la realización de transacciones según el valor nominal o facial y no el precio tabulado en los mercados activos, lo cual supone irremediablemente una mocha o quita de valor de poco más o menos de 50,% y, por tanto, la duplicación del montante pactado de desfalco de la renta popular y salarial entre el Banco Central y el gobierno central.

La crisis de la banca comercial no ha terminado con la farsa de los juicios instrumentada a bancos cerrados o quebrados y ni va a superarse con el disparate del plan de capitalización del Banco Central. La razón es obvia: la banca central se encuentra en default, la administración gubernamental es insolvente por sus acumulativos déficits y la banca comercial tiene que buscar pronto una fórmula de solución al apiñamiento incontrolable de títulos basura puestos a circular por autoridades gubernamentales que intoxican las hojas bancarias de balance.

En el día de hoy, varios bancos comerciales no cuentan con suficiente patrimonio para hacer frente a la depreciación sufrida por los pergaminos del Banco Central, no obstante haber aumentado en gran proporción sus capitales, gracias a las ganancias obtenidas por la compra a bajísimos precios de tales papeles en manos de tenedores desesperados, tras el colapso de Baninter y otros bancos privados.

Tecnócratas al servicio del gobernador y no de la institución bancaria central del país hablan metafóricamente que el paciente de la economía nacional ha logrado curarse mediante el remedio de la ejecución de políticas neo-liberales, según las recetas suministradas por el FMI.

Sus opiniones interesadas rayan en la bobería, tan sólo por esta razones: en la actualidad, a nivel internacional, vientos huracanados de máxima categoría de capitalización ficticia, sin base en la acumulación productiva, desatan la desvalorización pronunciada de títulos-valores ligados a activos, en especial préstamos subprima o de elevado riesgo, hunden en la insolvencia a la gran banca de inversión, arrastran a la recesión a las economías de países industrializados y podan sin contemplación el valor del dólar delante del euro y el yen, mientras que, a nivel nacional, tanto el coletazo de viento exterior de los volátiles precios del crudo y derivados como el legado trágico dejado por el pase de la tormenta Noel han hecho trizas las puritas mentirotas del “milagro” alcanzado en la economía y el “progreso” conquistado en la sociedad.

El gobierno de Fernández ha jugado el papel de aprendiz de brujo y de doctor Sangrado. Primero invocó los demonios del neoliberalismo para curar al paciente económico de la enfermedad cíclica de la recesión y endémica de la caída de la tasa de rentabilidad.

Luego dejó sangrar al paciente por las heridas de los déficit de las cuentas corrientes y las cuentas fiscales hasta dejarle sumido en estado de caos económico. Y, posteriormente, como el paciente no salió del estado de coma recesiva y deficitaria, alega que la causa radica en que no se dejó sangrar más, es decir que haya habido más liberalización salvaje del comercio internacional, igual a mayor déficit exterior, y haya gastado más con respecto a los ingresos, lo cual equivale a mayor déficit fiscal. En otros términos: el paciente económico se muere realmente porque se le dejó sangrar, pero se culpa de la muerte a que no se le dejó sangrar lo suficiente.

Ave María Purísima, líbranos de estos vampiros gubernamentales y neoliberales!
Aunque el gobierno se vista pomposamente de la seda de la mentira; pura, purita, mona se queda, pese a que las bocinas digan todo lo contrario y los jesuitas le echen todas las maldititas bendicionotas.

En tal sentido, nadie debe sorprenderse que al cabo de tres años y tres meses de administración gubernamental del caos, el primer mandamás lleve puesta en su caótico casco una gorrita morada, salpicada de tinta roja, con el lúgubre letrerito delantero de “segundo fracaso rotundo”.

Pero como dice el dicho: “la tercera es la vencida”, tal mandamás no detiene su marcha fúnebre, dado que se ha encaramado en el potro más grande de la historia de la corrupción dominicana, armado con los látigos de la proliferación de la clientela política, la amenaza de la delincuencia a la convivencia comunitaria y la fomentación del racismo, la aporofobia y la xenofobia, en vista a arrear un rebaño popular al matadero de la re-elección presidencial.

Este propósito es la prioridad principal del mandamás número uno y sus comisarios. A estos burócratas gubernamentales no les importa el sufrimiento de cientos de miles de personas damnificadas por Noel, sino que el león siga dando zarpazos de apropiación de fondos al presupuesto nacional para acelerar la construcción del metrito deficitario de la capital.

O les importa un bledo la crisis energética y eléctrica que azota el país, puesto que el re-endeudamiento foráneo y doméstico por parte del Estado es la fórmula más eficaz de superación de la crítica problemática. O, por último, restan importancia al desplome de las industrias manufactura y zonafranquera, la agropecuaria, la construcción y las actividades comerciales, en virtud de que creen que dentro de poco tiempo los convenios comerciales internacionales van a traer la bonanza económica y la afluencia de capitales extranjeros va a generar estabilidad de la macro-economía.

Ante este escenario de caos del gobierno y gobierno del caos, el “progresismo”, abanderado de la letanía de la supuesta bondad de la “sociedad civil” frente a la maldad incurable de la “sociedad política”, llora lagrimitas de cocodrilo sobre el reparto desigual de la renta nacional, la falta de democracia ciudadana y la destrucción del eco-sistema de la isla.

Estos “progresistas” ni siquiera son capaces de reconocer que hablan más de la cuenta desde los escritorios de la “sociedad cívica” y no de la “sociedad civil” y que sus peticiones dirigidas al Estado implican la ocupación automática del ''espacio público”, en defensa abierta o solapada de determinados intereses concretos y específicos de clase, capa o minoría. Nunca se cansan de cotorrear desde una abstracta “sociedad civil”, pero se tapan siempre la boca cuando tienen que dar cuenta de agudas contradicciones y acreditación de irresponsabilidades en la mentada “sociedad civil burguesa”.

Mansos y cimarrones se juntan para reclamar migajas presupuestarias a la administración de gobierno, sin hacer mención alguna del sistema de expoliación de la fuerza de trabajo en fábricas y plantaciones, la tendencia a la baja de las rentas populares y las remuneraciones salariales y la aplicación de políticas neoliberales y fondomonetaristas que bloquean posibilidades de alza de los desembolsos de los servicios personales y públicos.

Balbucean sobre los males de la pobreza, pero silencian las reivindicaciones de alza salarial, reforma agraria, sindicalización laboral, incluyendo la profesoral en universidades e institutos, expulsión del FMI del país, inclusive de las oficinas habilitadas en el Banco Central, y enjuiciamiento en cortes nacionales y extranjeras de mandatarios violadores de la Constitución de la República y de tratados internacionales.

En tal sentido, no es casual en estos instantes que la agenda de discusión sobre los estragos ocasionados por la tormenta Noel gire alrededor del fondito de 8 millardos de pesos, cimentado en deuda interna y ayuda externa, y no sobre el presupuesto de ingresos y gastos de 2008, cuya propuesta de debate debió de haberse entregado a más tardar a principios de septiembre pasado del corriente año 2007.

Por igual, Dios cría los mal llamados liberales y conservadores locales y el diablo los junta en la mesa común de la cantaleta de la existencia de democracia electoral y de la necesidad de complementarla con la democracia ciudadana.

En verdad, ambos no hacen más que repetir como cotorras el rosario de términos, sin categoría conceptual, suministrado por organismos transnacionales, específicamente en este caso el PNUD. La contradicción de los términos salta a la vista: ser ciudadano supone de entrada el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido en libertad no un status que se adquiere de ser elector.

Por consiguiente, mal puede un cliente político formar parte de una democracia electoral cuando no cuenta con capacidad de decisión propia por la miseria sufrida y, mucho menos, con libertad de elección por su dependencia política del gobierno u otras instituciones estatales o partidarias. Más bien la democracia electoral se funda en la democracia ciudadana, no al revés.

En República Dominicana ni hay democracia electoral ni democracia ciudadana. La forma de Estado declarada constitucionalmente como república no es más que un puro cuento de camino delante de la verdad monda y lirona de consolidación de un estado dictatorial, caracterizado por el irrespeto de la ley, el desconocimiento de los derechos y el rechazo a la democracia.

En tanto no se instaure una gran nación -compuesta por las naciones de mayoría dominicana y de las minorías de origen haitiano y americano- de dominicanos con derechos ciudadanos no habrá democracia electoral.

En adición, hay que anotar que las autoridades gubernamentales buscan a toda costa un sector o ramo productivo que pueda motorizar el crecimiento de la economía y la capitalización de los negocios, tras el desbarranque de la industria de manufactura, zonas francas y construcción.

Hasta el día de hoy, han fracasado en su búsqueda, aunque no han descansado en machacar la publicidad de tenencia de un plan y consejo de competitividad empresarial y conceder ilegales ventajas a la industria turística. Este tipo de negocio ha contado con patente de corso para destruir o contaminar el ambiente y apoderarse de terrenos y playas designados por ley como patrimonio público o parques nacionales.

De esta manera, el Estado ha garantizado la incorporación de recursos e insumos naturales, sin costo alguno, al proceso de explotación de hoteles y valorización de capitales turísticos, a alta tasa de rentabilidad. Si se contabilizara el daño ambiental de la infra-estructura turística habría que arribar a un decrecimiento del valor agregado real anual de este sub-sector productivo.

Finalmente, no se puede dejar de decir que el país ha albergado en su seno, desde 1961 hasta la fecha, con un cadáver insepulto, el dictador Trujillo, y tres sepultureros: Balaguer, enterrador del antiguo Partido Reformista, Mejía cavador del PRD de las reformas, y Fernández, sepulturero del PLD que amenaza con enterrar en el caos a la República Dominicana por largo tiempo, a menos que las masas populares y las organizaciones democráticas se opongan y ofrezcan una alternativa gubernamental de sociedad justa