POR MELVIN MATTHEWS
¿Puede alguien creer que los jueces Hugo Alvarez Valencia, Dulce María Rodríguez de Goris y Edgar Hernández Mejía, de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, se inventaron graciosamente "los proyectos del señor Nelson Solano Guzmán que se encuentran en vigencia en la República Dominicana", descritos ampliamente en la sentencia que ordenó la extradición del aludido hacia Estados Unidos por el delito de narcotráfico en el año 2006?
Las personas oídas, los documentos vistos en audiencia, las motivaciones, los considerando y las conclusiones, constituyen la sentencia definitiva de un juez o tribunal, en este caso de la Suprema Corte de Justicia.
Sus efectos transcienden al dictamen mismo, pues lo decidido por ella no puede ser objeto de revisión de ninguna manera; es la cosa juzgada. Por ende, la objetividad de contenido obliga a reconocer que, a partir de la sentencia definitiva del máximo tribunal, resalta una vinculación económica estrecha entre el extraditado Solano Guzmán y el gobierno del Presidente Leonel Fernández, pues el acusado de traficar con heroína dentro de Estados Unidos usufructuaba contratos de 18 obras públicas, ascendentes a más de US5,000 millones de dólares, al momento de su expulsión legal, en abril del año 2006, las cuales evidentemente les fueron otorgados durante la presente administración.
De manera que la Suprema Corte de Justicia es la única instancia llamada a explicar las razones por las cuales insertó como prueba en su fallo los proyectos macroeconómicos adjudicados por el gobierno a un supuesto narcotraficante, quien, como si esto fuera poco, aparece en varias fotografías junto al Jefe de Estado y otros funcionarios.
Hacia estos magistrados es que el Presidente Fernández y la cúpula oficialista del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) deben enfilar sus cañones, si son inocentes y pueden acometer tan trascendente desafío. Al denunciar responsablemente la ominosa relación, la dirección del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ha procedido, sencillamente, a revelar el contenido de una decisión, que, dado su carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, puede comprometer la responsabilidad penal de funcionarios del gobierno en operaciones que prefiguran un claro intento de lavado de activos provenientes del narcotráfico, protagonizado principalmente por el extraditado Solano Guzmán.
Llama la atención el hecho de que la respuesta nerviosa y evasiva del gobierno, en ninguna parte reconoce que el listado de "proyectos del señor Nelson Solano Guzmán" conforma un dispositivo importante de la condena de extradición evacuada por la Corte Suprema.
La lectura del veredicto lleva a la conclusión de que, mientras la administración Fernández beneficiaba a Solano Guzmán, la DEA y la justicia norteamericana le instrumentaban un expediente acusatorio, investigándolo exhaustivamente, y que tras su asociación criminal por Estados Unidos, Venezuela y Colombia, el sujeto, disfrazado de "inversionista" vino a refugiarse a Santo Domingo, no se sabe por cuáles nexos con el gobierno que entonces empezaba.
Es válido, pues, requerirle al mandatario, ¿cuáles razones puede ofrecer al país por haber otorgado administrativamente, sin licitar, obras, explotaciones y licencias que superan los US5,000 millones de dólares, a una persona desprovista de credenciales empresariales y ligada al crimen organizado?
Beneficiar a un presunto capo de la droga con contratos para plantas de alcohol anhidríco, centrales termoeléctricas, ingenio azucarero, carreteras, puerto comercial, presas y otras obras, constituye un gravoso acto de corrupción penal que merece ser explicado y sancionando.
Si son difamaciones, pregúntenle a la Suprema Corte de Justicia.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario