Mientras el Presidente Leonel Fernández intentaba evadir el pesado fardo del sonado escándalo de la Sun Land, afirmando a los reporteros en Higüey que no tiene nada más que agregar, pues “ese es un caso cerrado”, el representante del FMI, Erik Offerdal, reiteraba que el Gobierno ofreció información incompleta sobre el crédito de los US130.0 millones y que ese hecho violó los estatutos del organismo mundial.
Fernández sabe que el caso dista de estar cerrado, estatuto que adquirirá cuando la Suprema Corte de Justicia, apoderada de dos recursos de inconstitucionalidad, emita sentencia.
Sabe también que los últimos eventos le han “colocado el filo de la navaja al cuello”, como afirma un reconocido narrador de béisbol cibaeño, porque salta a la vista que endeudó al país en los mercados de capitales al emitir Notas Promisorias (19 pagarés) por US130.0 millones, sin la aprobación del Congreso Nacional, pensando que la operación pasaría desapercibida aquí y en el exterior.
Esas “Notas Promisorias” de la Sun Land han repercutido negativamente sobre la confianza de los mercados internacionales en la República Dominicana.
Standard & Poor’s, la principal fuente mundial de calificaciones crediticias, índices, análisis, datos y evaluaciones de riesgo, otorgó al país una calificación “B+” sobre deudas a largo plazo y “B” en créditos a corto plazo. Informó que contempla reconsiderar la degradación de la RD de “estable” a “perspectiva negativa”, cuando se aclare la legalidad de los pagarés, intención de pagos de las notas y el impacto del incidente del endeudamiento.
En el ínterin, la expresión “no tengo nada más que decir sobre ese caso”, describe la impotencia moral y jurídica del mandatario para seguir escurriendo el bulto portador de abrumadoras evidencias en su contra, que desarticulan su expansivo proyecto reeleccionista; pero, además, es un intento de presión sobre la Suprema Corte para que aplace su dictamen de inconstitucionalidad, que con toda seguridad le será adverso, con posterioridad al proceso electoral en curso.
La parte lúgubre del caso es que el gobernante tampoco ha dicho dónde está depositado, o en qué ha gastado, los US130.0 millones, equivalentes a más de RD$4,000 millones a la tasa vigente. Las vagas explicaciones intentadas por él, en cuanto a que el contrato no era una obligación del gobierno, se han caído cual castillo de naipes. Contrastado frente a su propia versión formulada a directores de medios de comunicación, los argumentos del mandatario han devenido plagados de incoherencias. Su gabinete económico ya admitió ante el banco de inversiones Bear Stearns, de Estados Unidos, que el gobierno reconocía y pagaría esa deuda de US130.0 millones, en tanto el Secretario de Hacienda, Vicente Bengoa, validó las quejas del FMI por el ocultamiento de la dudosa transacción, aunque advirtió que no honrarían los pagarés emitidos con garantías del Estado.
De lo que se trata, es si la eventual denegación de justicia de la Suprema garantizará la impunidad de quienes presumiblemente han delinquido, allanando el camino para reelegir a un gobernante que viola la Constitución y las leyes, actúa al margen del Congreso, transgrede normas crediticias internacionales y deteriora la credibilidad de la nación.
El caso no está cerrado, Señor Presidente.
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