La columna de Miguel Guerrero

Por Miguel Guerrero / El Caribe

El presidente Fernández no puede legalmente cerrar el caso de la Sun Land porque está pendiente de fallo por la Suprema Corte una instancia de inconstitucionalidad elevada por el Partido Revolucionario Dominicano.

El presidente es el jefe de sólo uno de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, no el Judicial, que se presume independiente. De hecho, su actitud podría ser considerada como un sutil intento de presión para lograr del más alto tribunal del país una sentencia favorable o posponerla por tiempo indefinido, para permitir que el tema pierda interés público, como parece ser el propósito del plazo otorgado a una comisión oficial encargada por decreto de investigar si hubo negligencia o mal manejo del desaguado de la presa de Tavera, durante el paso de la tormenta Olga.

Ha habido, sin duda, un tratamiento inadecuado del caso de frente a la opinión pública.
El mandatario incurrió en el error de negar la existencia de la deuda contraída con la emisión de los ya famosos 19 pagarés firmados, al amparo de un poder presidencial, por el director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, a quien una reciente declaración del secretario de Hacienda ha colocado en horrible posición, al señalar que carecía de autoridad constitucional para hacerlo.

Esta admisión oficial y las afirmaciones provenientes del Fondo Monetario Internacional de que no recibió de las autoridades todas las explicaciones pertinentes en el caso de la Sun Land, le han conferido al tema una dimensión de la que no puede escapar el Gobierno.

Los intentos anteriores y más recientes de restarle importancia al asunto sólo han conseguido complicarle más la situación al Gobierno, atrapado en una encrucijada. Si la Suprema Corte llegara a acoger la instancia de inconstitucionalidad el presidente candidato se vería en una situación muy difícil, tal vez la más delicada de su carrera.

Miguel Guerrero es escritor y periodista
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