La leyenda de Robin Hood nos enseña que el arquero inglés robaba a los amigos ricos del príncipe Juan para repartirlo entre los pobres. Hoy existen regímenes políticos que hacen todo lo contrario: le meten la mano en el bolsillo a los pobres para beneficiar a los opulentos detentadores del gobierno. No conforme con la práctica, elaboran toda una teoría que pretende justificar sus actos. Mientras el Rey Ricardo Corazón de León se encontraba en una Cruzada tratando de liberar la ciudad de Jerusalén de manos infieles o, según otros, en la búsqueda del Santo Grial; su hermano, el príncipe Juan, detentaba el poder ejerciendo un gobierno despótico apoyado por una serie de secuaces, como el sheriff de Nottingham. Este gravaba en exceso a los súbditos del condado y ejercía un poder oprobioso que laceraba la dignidad de los pobladores.
Frente a esta situación de injusticia, se rebela Robin Hood, quien implementa una lucha de resistencia que pone en jaque el poder del sheriff, impide al príncipe Juan mantenerse de manera continuista en el trono y facilita la vuelta al poder del amado Rey Ricardo. Robin Hood ataca a los ricos gobernantes y distribuye los bienes incautados entre los pobres. Esa leyenda pareciera haber inspirado a muchos gobernantes de manera contraria. La idea ya no es tomar el dinero de los opresores para repartirlo entre los oprimidos. No. Es a la inversa. Es hurgar en los bolsillos de los pobres y la clase media, con el fin de obtener dinero y distribuirlo entre los funcionarios de gobierno. Para ello se utilizan métodos legales, tales como los impuestos directos e indirectos; mecanismos de dudosa legalidad y, descaradamente, algunos totalmente ilegales, como el de la Sund Land que, acarreando deuda pública, finalmente el pueblo tendrá que pagar.
El destino también es “legal”. Se presupuestan jugosos ingresos destinados a una elite de funcionarios públicos que obtienen emolumentos superiores al millón de pesos mensuales, lujosas jeepetas, apartamentos propios de ricos y no se conoce, aún, cuántas prebendas más obtienen los favoritos del candidato reeleccionista. Pero toda esta práctica aberrante se presenta como legal. Los legisladores del Gobierno continuista han legitimado los elevados impuestos, han aprobado los presupuestos que dan cobertura a los desorbitados ingresos de los funcionarios privilegiados y cubren con un manto de legalidad muchos actos sencillamente reñidos con principios fundamentales de una Administración Pública legítima.
Ese “moralismo legal” pretende librar de sospecha a los “leales agentes” que dilapidan el erario nacional en función de la reelección. Su argumento: es legal. Frente a tales desmanes, sólo queda recordar una celebre frase de Martin Luther King: “Jamás deberíamos olvidar que todo lo que hizo Adolfo Hitler en Alemania fue “legal” y que todo lo que hicieron los guerrilleros húngaros en Hungría fue “ilegal”. El 16 de mayo tendremos nuestra oportunidad. No la desaprovecharemos.
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