La columna de Miguel Guerrero

Por Miguel Guerrero / El Caribe

Se entiende que la Junta Central Electoral no esté en capacidad de impedir el uso abusivo por el gobierno de los recursos del Estado para promover la candidatura del presidente Leonel Fernández, quien aspira a un tercer mandato.

En realidad, nadie posee la facultad de impedir que eso continúe haciéndose.

Ello ha sido parte de nuestra tradición. Pero el hecho de que se hiciera antes, no justifica que se siga haciendo. En este país sólo existe un poder real y los demás es puro cuento.

Y lo que es peor, todo el mundo admite que no existe fuerza alguna entre nosotros capaz de hacer que un gobierno, en este y cualquier otro tema, se ajuste a cuanto dice la ley y respete la Constitución.

Pero que la JCE haga caso omiso a los reclamos de los partidos de oposición y de los medios para que al menos se pronuncie sobre tan escandaloso proceder oficial, es desconsolador.

El diario acontecer nos trae cada vez mayores muestras de esta práctica viciosa, que sitúa al candidato oficialista en ventaja sobre sus contrincantes, restándole transparencia al proceso electoral.

De manera que sería de gran ayuda a la limpieza y legitimidad de las elecciones que el organismo responsable de montar y velar porque esas elecciones se conduzcan de la mejor manera, por lo menos se pronunciara en contra del uso de recursos estatales en proselitismo electoral.

Dejaría con ello en claro una situación que trata de justificarse al través del mismo uso de esos recursos en campañas mediáticas.

La limpieza y transparencia del proceso depende de muchos factores y elementos, algunos ajenos a la Junta Electoral.

Pero el respaldo que ella requiere para cumplir su tarea a cabalidad, dependerá del respeto que a la sociedad inspiren sus actuaciones.

Los honorables miembros de la Junta no pueden dejar pasar esta extraordinaria oportunidad de mostrar su imparcialidad y vocación de servicio a la nación.

Miguel Guerrero es escritor y periodista
mguerrero@mgpr.com.do