Poder y control

En su afán de lograr opiniones afines a las suyas muchos gobernantes han tratado incluso de tener injerencia en organizaciones sindicales, empresariales y de la sociedad civil desconociendo a sus legítimos representantes

Por Marisol Vicens Bello / El Caribe

Una de las características del poder en países con debilidad institucional como el nuestro, es que quien lo detenta entiende tener una facultad cuasi divina para controlar todo, especialmente en el caso del Ejecutivo.

De este modo las autoridades pretenden controlar la opinión de la gente, las posiciones de asociaciones empresariales, gremios profesionales y grupos de la sociedad civil, los precios de los bienes y servicios entre otras muchas cosas; especialmente todo aquello que entiendan las afecta políticamente.

Por eso a pesar de que los precios internacionales del petróleo y de las materias primas han alcanzado aumentos sin precedentes afectando sensiblemente la producción mundial de bienes y servicios, sobre todo en países dependientes de las importaciones de esos bienes como el nuestro, la respuesta automática de nuestras autoridades ante el registro de cualquier alza de precios sigue siendo que “no permitirán especulaciones de precios”, como si el control de precios pudiera ser válido en una economía de libre empresa como la que supuestamente tenemos.

Esta actitud de negación de la realidad asumida por nuestras autoridades tiene consecuencias muy negativas, no sólo porque atenta contra los principios del mercado sino porque genera en la población una falsa impresión de que todo está bien, de que no pueden haber aumentos de precios y de que las “buenas” autoridades defenderán al pueblo de los “malos”, es decir los productores, comerciantes y empresarios especuladores.

Esto lleva a las autoridades a disponer medidas irracionales con tal de posponer los costos políticos de situaciones generadas por causas externas, como los subsidios al pan, los combustibles, la electricidad, las zonas francas, la leche, etc.

En su afán de lograr opiniones afines a las suyas muchos gobernantes han tratado incluso de injerir en organizaciones sindicales, empresariales y de la sociedad civil o han desconocido sus legítimos representantes cuando sus posiciones difieren de las suyas, como han hecho el presidente Rafael Correa de Ecuador y el propio presidente Fernández, utilizando la práctica de convocar selectivamente empresarios a determinadas reuniones pero excluyendo a los dirigentes de las organizaciones empresariales.

También se pretende influir en las opiniones a través de una campaña mediática destinada a vender una imagen de avances, desarrollo y crecimiento, que a fuerza de repetirla es capaz de hacer sentir rico al más humilde de los ciudadanos.

En el interés de minimizar el costo político de posiciones en contrario se pretende incluso incidir en el ejercicio de derechos constitucionales como el de la huelga, que independientemente de que sean inoportunas, no se justifica que se gasten sumas importantes tratando de evitarlas publicando comunicados y sumando expresiones de repudio que parecen orquestadas por la batuta del poder.

Por esto es tan importante que la sociedad sepa reaccionar y no se deje engañar por medidas de control que se intentan vender como protectoras de los intereses ciudadanos cuando la realidad es que sólo persiguen defender celosamente el poder detentado, pues tarde o temprano el verdadero precio de las cosas lo terminamos pagando los ciudadanos.
Marisol Vicens Bello es abogada