Lo del secretario de Interior y dirigente del Partido de la Liberación Franklin Almeida Rancier es un acto de intimidación pública propio de gobiernos dictatoriales y despóticos.
O de la desesperación irracional por conservar el poder.
Y es la segunda vez que lo hace.
Aseguró el dirigente peledeísta que, en las elecciones de mayo próximo, el PLD sabrá quiénes votaron por el presidente y candidato Fernández y quiénes por los demás.
Eso no es posible pero la costumbre de la gente en el poder es la de dar las explicaciones de un maestro deficiente a una audiencia de retrasados.
Y el secretario de Interior Almeida ha ofrecido una de ellas.
Lo que se persigue, y no hay que ser sino inteligente a medias para saberlo, es amenazar a los empleados públicos y a los beneficiarios de la tarjeta solidaridad para que ni siquiera se les ocurra votar por otro que no sea el presidente y candidato.
De lo contrario, aunque sea por los tres meses que van de mediados de mayo a mediados de agosto, sufrirán la pérdida de su empleo y la del beneficio de la tarjeta, cuando no se agregue alguno que otro perjuicio.
En lo que esta democracia coja y tuerta tiene de edad, principios de 1962 a estos días –cojera y “tuertez” debidas a los 22 años de gobierno directo y a los otros tantos de influencia directa de Joaquín Balaguer- jamás se había visto una acción tan desesperada de un grupo por continuar en el poder.
La declaración desaforada del secretario Almeida es el último ejemplo pero sobran otros, en el orden del uso y abuso de los fondos del erario para la campaña electoral, que así lo atestiguan.
No se sabe del paradero de los 130 millones de dólares del préstamo a la Sun Land. Se ha confirmado en las distintas dependencias del gobierno la existencia de nóminas paralelas, o “nominillas”, destinadas al pago de gente cuyo trabajo es el activismo político en los comités de base del PLD.
Mediante funciones públicas, “contratas” y otros privilegios se “conquista” a dirigentes de partidos opositores, sobre todo del Reformista Social Cristiano, a fin de que pasen a comulgar con el plan continuista del presidente y candidato Fernández.
Y hay razón para sospechar que igual fin cumplirá la friolera de cuatro mil millones de pesos que, por ganancia de capital en la venta de Brugal, la empresa acaba de depositar en las manos del gobierno.
El secretario Almeida repitió su intimidación pública pero esa actitud desesperada, desconsiderada y que en nada tiene que ver con la democracia y sus procedimientos, es apenas el corolario del ambiente de desesperación que obnubila a los funcionarios del gobierno en su frenesí por conservar el poder a como dé lugar y pésele a quien le pese.
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