Sin temor ni favor

Por Luis H. Arthur S. / El Caribe

Empresas eléctricas I

La CDE era la empresa que a nivel nacional suministraba la energía eléctrica. Organizada en forma vertical, generaba, distribuía, despachaba, daba mantenimiento, construía, trasmitía, comercializaba, facturaba, cobraba, compraba su combustible, hacía la ingeniería de planificación y hasta tenía un departamento de hidráulica y otro de electrificación rural.

Todo esto lo hacía con un Consejo de Administración de unos 7 ó poco más miembros, un administrador general con su organización y departamentos administrativos, contables y técnicos y entre todos sumaban unos 3,000 empleados.

Había apagones y subsidio gubernamental, pues el gobierno no pagaba la energía que consumía, ni las electrificaciones rurales por motivos políticos, hoy vemos que eran mínimos.
Fue satanizada y se decidió su desmembramiento.

Se dictaron leyes y para el PLD dar un golpe de efecto antes de irse en el 2000, creyó que hacía una panacea e hicieron cosas apresuradas y sin experiencia y a aquello, como desmembraban los cuerpos en la antigüedad, le amarraron lazos y cada caballo tiró en dirección distinta.

El resultado fue que se crearon horizontalmente empresas generadoras, distribuidoras y de transmisión, amén de un organismo coordinador para despachar y coordinar el flujo energético, con oportunidad y a menor costo, se ordenó la creación de una empresa generadora de hidroelectricidad, y otra de electrificación rural, a la que se le añadió la del PRA para vender barata energía subsidiada a sectores pobres, aunque con esta hubo una dualidad en la ley que la hacía independiente por un lado y sometida por otro.

Se creó la Superintendencia, entidad autónoma para supervisar todo el sistema, y la planificación se dejó en manos de la Comisión Nacional de Energía.

Con la creación de estas empresas que asumieron todas las actividades de la CDE, se creó la CDEEE, cuyas funciones consisten en liderear y coordinar las empresas eléctricas, llevar a cabo los programas del Estado en materia de electrificación rural y suburbana a favor de las comunidades de escasos recursos económicos, así como de la administración y aplicación de los contratos de suministro de energía eléctrica con los Productores Independientes de Electricidad (IPP).
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