Por Osvaldo Santana / El Caribe
Las alzas repentinas en los precios de varios artículos de primera necesidad contradictoriamente han estimulado una moderación en la pujante tendencia en las filas opositoras a la reelección del presidente Leonel Fernández, que plantean una inevitable explosión social y potencialmente el surgimiento de un gobierno carente de base legal.
Con un discurso fuerte en descalificaciones, la oposición se afirma ahora en denuncias sobre el alto costo de la vida.
Momentáneamente quedan en un segundo plano las quejas sobre el uso de los recursos del Estado, y las advertencias de que un triunfo de la reelección en esas circunstancias daría lugar a un gobierno ilegítimo.
Los meses de febrero y marzo de este año fueron marcadamente pródigos en la radicalización del lenguaje de algunos actores de la oposición.
Hasta un ex presidente de la República llegó a vaticinar “estallidos sociales”.
Hipólito Mejía dijo enfáticamente en Salcedo, el 16 de febrero, que de “continuar el estado de miseria … en el país podrían producirse estallidos de protestas que en estos momentos no le convienen a la nación… De que explota, explota, por algún lado va a explotar. Esto va a explotar igual que Baninter, yo no sé cuándo, si en un año o dos años, se espera una explosión social en el país, sin lugar a dudas, ¿quién resiste esto?”
El Gobierno no lo pasó por alto, y el responsable político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Santiago y la Línea Noroeste, Euclides Gutiérrez Félix, advirtió sobre “un plan” de movilización supuestamente auspiciado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), ante una “inminente derrota” en mayo.
Pero mucho antes de que el ex presidente Mejía hablara en estos términos, el ex jefe de la Policía Nacional y candidato presidencial del Partido Alianza Popular, Pedro de Jesús Candelier, advirtió que la política de “compra y soborno” del Gobierno “podría desatar una crisis que nos arrastraría a una verdadera insurrección popular”.
Uno de los prominentes ideólogos del equipo de campaña del candidato del PRD, Jaime Aristy Escuder, afirmó en el Listín Diario del 27 de marzo que la violación de la Constitución y las leyes, la corrupción generalizada y el uso indebido de recursos del erario a favor de funcionarios y la causa de la reelección colocaba al Presidente en un estado de ilegitimidad.
Aristy Escuder concluía en que “después de revisar todos los casos de violación de la Constitución y las leyes nacionales, he llegado a la conclusión de que la actual presidencia ha perdido legitimidad. Por eso, para mí, Leonel Fernández ya no es el Presidente de la República”.
En esa tesitura ha hablado incluso institucionalmente el PRD, cuando dijo el 10 de abril que “los aumentos desenfrenados de los precios de los alimentos, de las medicinas y otros bienes de consumo masivo podrían generar una explosión social antes de lo esperado.”
Todo ocurre en medio de la publicación de encuestas favorables al aspirante a la reelección, con una creciente percepción de la población de que ganará el 16 de mayo, según las encuestas de Clave-Noxa-Cies, Greenberg, Quinland, Rosner-Diario Libre, Asisa Reserch Group, Penn and Schoen Berland y Hamilton Compaigns-El Día.
Un paso adelante
El PLD no se ha desentendido del tema y muy temprano, en febrero pasado, contactó a la Organización de Estados Americanos (OEA), al Departamento de Estado norteamericano, para solicitarle el envío de observadores a las elecciones de República Dominicana.
La “extraña” petición de observación internacional de elecciones, justo desde el poder, de parte del grupo gobernante, probablemente se fundamentaba en las voces y planteamientos que sectores habían hecho en privado y abiertamente de cuestionar una potencial reelección presidencial sobre la base del argumento de que había sido el resultado si no de un fraude abierto o no convencional, mediante el supuesto uso de los recursos públicos y alegadas violaciones a las leyes y la Constitución de la República.
De modo que los oficialistas no solamente se conforman con aparecer arriba en las encuestas, trabajar cada día por más adherentes de distintos litorales, sino también obtener garantías más allá que la ofrecida por la Junta Central Electoral.
Certificar su aspirado triunfo en los organismos internacionales y en el poder de la nación más influyente en el país, Estados Unidos.
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