La columna de Miguel Guerrero

Por Miguel Guerrero / El Caribe

No perdamos el tiempo ni consumamos afanes pretendiendo que la Suprema Corte de Justicia acoja las instancias de inconstitucionalidad sobre el escandaloso contrato suscrito por el Gobierno con la Sun Land, porque eso no sucederá.

Tiene seis meses evadiendo el caso. En los hechos no existe en el país lo que ilusamente llamamos independencia de poderes. Aquí hay un solo poder real, el Ejecutivo, al que los demás viven subordinados.

No hemos alcanzado un nivel de institucionalidad que permita a la Corte, por suprema que sea, sentar el precedente de sancionar a un Gobierno por violar la Carta Magna, que sigue siendo, como nos recordara Balaguer un día, un simple y manoseado pedazo de papel sin valor alguno.

La Constitución es muy clara en lo que se refiere a la obligación de someter al Congreso Nacional todo contrato o acuerdo que comprometa las rentas nacionales.

El contrato con la Sun Land lesiona ese principio, porque se emitieron 19 pagarés, o Notas Promisorias, como eufemísticamente se los denominan, que el gobierno, según el quebrado banco estadounidense de inversiones Bear Stearns, ha estado honrando, a pesar de la insistencia con que se le ha estado mintiendo al país diciendo que no existe compromiso alguno de pago, salvo con los contratistas de las obras supuestas a ser financiadas con ese préstamo de 130 millones de dólares.

El Judicial como la Junta Central Electoral son poderes virtuales. Está ciega esta última ante el uso masivo de recursos del Estado a favor de la reelección del Presidente, faltando así a su obligación de velar por una competencia electoral que asegure a todos los partidos y candidatos igualdad de condiciones.

La Suprema Corte de todas formas fallará desestimando la instancia, con alegatos que desmentirán la ilusión de que el Poder Judicial es hoy distinto a lo que era antes. Doble contra sencillo de que así será. Amén.

Miguel Guerrero es escritor y periodista
mguerrero@mgpr.com.do