La columna de Miguel Guerrero

Por Miguel Guerrero / El Caribe

Una ex directiva reformista promotora de la reelección del presidente Fernández organizó en su residencia una cena de recaudación entre empresarios importantes. Se les pidió un aporte de un millón de pesos neto por persona.

A la actividad asistieron, unos con entusiasmo otros casi por obligación, más de veinte conocidos hombres de negocios del país. La mayoría debió hacer malabares para justificar en sus empresas la erogación. Las invitaciones se hicieron por correo electrónico o por llamadas telefónicas.

Encuentros similares se han venido realizando casi quincenalmente desde la apertura de la campaña electoral en distintas residencias por numerosos funcionarios o dirigentes políticos vinculados al oficialismo.

Las autoridades electorales no tienen ningún control sobre esas actividades ni idea de cuánto se recauda en ellas.

Ni tienen tampoco posibilidad alguna de saber cuánto de ese dinero se gasta realmente en las campañas ni la procedencia de parte de ese dinero, es decir, si se trata de recursos legítimamente obtenidos a través de negocios lícitos que pagan todos los impuestos existentes, o si se trata puramente de dinero sucio en busca de privilegios o protección ulteriores.

El hecho es que dada la debilidad institucional del país, a los empresarios les resulta muy incómodo, por no decir imposible, desestimar una invitación a una cena o almuerzo para recaudar fondos para la reelección de un Presidente.

El empresario que me contó la historia de la cena en la casa de la reformista me dijo que estaba muy dolido no sólo por el dinero, sino porque sus simpatías políticas son otras.

Si existieran topes para las recaudaciones y los gastos electorales, las campañas fueran más transparentes y un Presidente no podría hacer lo que aquí se hace, para situarle en posición de ventaja sobre sus oponentes con prácticas que se creían ya sepultadas.

Miguel Guerrero es escritor y periodista
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