Interferencia comunicacional

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PEDRO GIL ITURBIDES

-DE HOY, MATUTINO DOMINICANO-

Ahora, después del fracaso del llamado a huelga general, cobra mayor vigencia cuanto proponíamos en nuestro artículo del jueves pasado. Porque, tal cual señalamos, el sistema democrático ofrece alternativas. Para decirle a un vecino que estamos inconformes con su conducta, no hay que lanzarle piedras a su azotea. En plan civilizado, bien podemos acercarnos al mismo, y externarle nuestro disgusto.

De igual modo un sindicato o grupo profesional dentro de una organización económica. Y, sin abandonar estos procedimientos que son expresión de una conducta racional, pueden expresarse los pueblos ante los gobiernos. No hay que lanzar desperdicios al medio de las calles para que un mandatario sepa que somos contrarios a determinadas acciones de políticas públicas.

¿Qué ocurrió con este llamado a huelga? Dos fueron los factores que contribuyeron a la aplastante derrota sufrida por los sindicalistas que convocaron al paro. El primero, que el común de los ciudadanos desconfía de estos reclamos de paralización del quehacer cotidiano. ¡Cuántas veces no ha accedido el pueblo a estos pedidos para luego contemplar a sus promotores, sonrientes en Palacio Nacional, zanjando la huelga por ocho exoneraciones para vehículos de motor, y otras prebendas!

Mas no es el único. Con toda certeza, sin que esto llame a dudas, una inmensa mayoría de los dominicanos somos contrarios a la implantación de un diferente régimen fiscal que tienda a aumentar la presión tributaria. Pero estamos confusos. Ya no se sabe en quién creer. Cuanto se afirma de los sindicalistas puede repetirse, de pe a pa, de los políticos. ¡Cuántas veces nos han desengañado!

El propio Presidente Leonel Fernández tiene contra sí las promesas de reestructuración del gasto público del día en que se juramentó en 2004. En esa oportunidad habló de porcentajes específicos, que no se tuvieron en cuenta a lo largo de los dos años posteriores. Pero, ¿a dónde recurrir? Ya no está el Chapulín colorado. Ya no hay personajes en la política nacional que guarden un mínimo de respeto a sus propias personas.

Porque este mínimo, guardado en el fuero interno, es el que asegura que se guarda hacia los demás. Por doquiera se mire, se contemplan promesas incumplidas, empobrecimiento creciente, desilusiones apabullantes. Falsedades. De manera que ante los arrebatos de los sindicalistas, la gente prefiere mantenerse a la expectativa. Pero esto no quiere decir que se apruebe la exacción tributaria. Nadie admite ser esquilmado. Y para prueba al canto, el comunicado de todas las avocaciones empresariales de la República. A diferencia de los sindicalistas, no amenazan con paralizar el país. Ni

siquiera esgrimen el probable cierre de sus empresas como mecanismo de presión contra la agorera política tributaria que se cierne sobre los contribuyentes. Pero la concisión del escrito no resta un ápice de precisión a lo que se plantea. Más claro, como decía el Dr. Joaquín Balaguer al repetir un proverbio popular, no canta un gallo. Pero son, sobre todo, los nombres de todas las entidades que agrupan las empresas, las que ofrecen fuerza de respetabilidad a lo dicho.

Pienso, para no ir muy lejos, en los hoteleros. Nosotros no estamos practicando el canibalismo gracias al turismo. De sobra sabemos que el ingreso de monedas fuertes por exportaciones de bienes y servicios no cubre sino el 28% de las obligaciones que genera el intercambio comercial. Deriva la tranquilidad que se aprecia, de los ingresos de monedas fuertes generados por el turismo. Y de todos nuestros hermanos, tíos, padres, sobrinos, novias y novios, cónyuges y amigos, en el exterior. Esas dos fuentes de recursos mantienen el equilibrio de la balanza de pagos.

¿Qué perjuicios derivará la industria turística de los gravámenes con que se amenaza tan delicado tipo de negocio? A lo mejor ninguno. Es probable que mejore la calidad de nuestros visitantes. Pero es probable que la mayoría de los potenciales visitantes, a la luz del aumento de precio del paquete que se les ofrecerá, procuren otros países. Basta recordar los casos de Puerto Rico o Haití para saber que la fragilidad de este negocio es harto conocida. Si es deseo del Gobierno Dominicano correr el albur, sin duda se correrá.

Pero hay nuevas promesas. La misma del 16 de agosto de 2004 se ha calcado, pulido y reproducido. Con una diferencia: que ahora la restricción partirá de un volumen mayor de gastos que el encontrado en aquél instante. Y esto, por supuesto, obliga a una corrección imputable al gobierno central, que sus mandatarios no desean asumir.

Y precisamente porque ya no hay en quien creer, ni aún en los

sindicalistas, la huelga fue un fracaso total. Procúrese practicar, por tanto, las alternativas de las que escribimos.

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