Nicaragua aplazada en transparencia presupuestaria

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Javier Meléndez Quiñónez -LA PRENSA, NICARAGUA-

El autor es director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas

Recientemente, la Iniciativa de Presupuesto Abierto (Open Budget Initiative) del The International Budget Project presentó a la comunidad internacional los resultados de una encuesta cuyo objetivo fundamental fue medir en 59 países la cantidad de información y espacios que los Estados ponen a disposición de los ciudadanos para enterarlos de su gestión presupuestaria. Los resultados de la encuesta ubican a Nicaragua en el grupo de los 10 países que menos condiciones genera para promover la transparencia presupuestaria. Un grupo que sólo lo integra Bolivia en nuestro hemisferio, y países de Asia y África notablemente conocidos por lo restringido de sus espacios democráticos y su pobre institucionalidad. Según el informe, son países que se caracterizan por distorsionar y restringir el acceso ciudadano a información presupuestaria, y enfatiza que en estos casos el principal problema es el débil compromiso político de esos Estados por abrir las cuentas públicas al escrutinio ciudadano y a dinámicas protransparencia. Se indica enfáticamente que ese grupo de países no ponen a disposición la información al público, no porque no son capaces de producirla, si no porque eligen retenerla u ocultarla. Más allá de lo desalentador que resulta para Nicaragua el informe, debería ser una buena excusa para que las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones del Estado repensemos el camino que hemos andado fomentando de modelos de gestión presupuestaria más transparentes y abiertos a la rendición de cuentas. En el caso particular de los que estamos trabajando iniciativas desde la sociedad civil, es importante evaluar con algún nivel de autocrítica el alcance de los esfuerzos que hacemos por promover un ambiente protransparencia en el sector público, particularmente a nivel de los presupuestos públicos. Me refiero por ejemplo, a que es indispensable revisar si el activismo alrededor de lo local ha mejorado el ambiente de transparencia en el uso de los recursos presupuestarios del sector público y reducido el margen de autonomía y discrecionalidad que los funcionarios del Estado hacen de esos recursos. Mi percepción es que muchas de las iniciativas que hemos impulsado no han andado muy bien en este sentido, porque hemos hecho poco por mejorar el acceso y el entendimiento ciudadano a información que es decidida y operada en lo nacional, pero que impacta significativamente en la gestión del desarrollo local. Creo también que hemos producido una inflación de participación ciudadana que de alguna manera desvaloriza el concepto de ciudadanía y desacredita la idea de lo local como el espacio más democrático en la gestión de políticas. Muchas de las iniciativas por transparentar la gestión pública que desarrollamos desde la sociedad son excesivamente microlocales y sin una conexión clara o al menos mínima con los centros de decisión. En ese sentido, las organizaciones que trabajan en los ámbitos de promoción de más transparencia en las decisiones presupuestarias debieran considerar las metodologías de incidencia local y nacional que han hecho un esfuerzo interesante por vincular a través de la investigación, la publicación y la incidencia, la acción política de los centros de decisiones con realidades concretas que afectan a la gente. De las instituciones del Estado es mucho lo que podríamos decir. Por ejemplo, el Ejecutivo debe reafirmar con hechos su compromiso con medidas protransparencia en la gestión presupuestaria. Será importante además, ver qué grados de mejoría alcanza el Poder Legislativo en el seguimiento y evaluación del gasto público a partir de enero del 2007, sin dejar de lado la expectativa que instituciones como la Controlaría General de la República ejerzan una fiscalización del sector público genuinamente independiente y responsable. Pero también, comenzaría por cosas sencillas. Cosas que tienen que ver por ejemplo con que el Ministerio de Hacienda haga funcionar de una vez en su página web ese famoso y triste sitio http://www.consultaciudadana.gob.ni que ha permanecido por meses vergonzosa y burlonamente inhabilitado. Pero como no hay nada que los obligue a hacerlo, deberíamos regresar al paso más significativo que han promovido importantes organizaciones como es, la aprobación inmediata de la Ley de Acceso a Información Pública. En un país donde la discrecionalidad y el secretismo en normal en la función pública, sólo la coacción mediante la ley nos podría garantizar la disponibilidad de información que nos ayude a mejorar la calidad de las decisiones presupuestarias que afecta a los ciudadanos. Volver al Directorio: http://moises-iturbides.blogspot.com/