La voracidad fiscal

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No es la primera vez que un Presidente se ve envuelto en problemas de conciencia para decidir sobre políticas públicas que, entre fuertes contradicciones, le suscriben sus funcionarios.

En materia monetaria y fiscal, el principal problema de los presidentes dominicanos son las dudas que sus funcionarios generan, porque representan intereses específicos o porque entre ellos hay contradicciones técnicas.

El presidente Fernández no dispone de mucho tiempo para posponer decisiones. Antes de ir al directorio del Fondo Monetario Internacional, la reforma fiscal, el Presupuesto de Gastos del 2007 y el cuadre de las cuentas fiscales, junto a la reforma institucional requerida, deben estar aprobadas. Contrario a otras ocasiones, no sería suficiente enviarlas al Congreso.

Está claro que el Gobierno no requiere de otra reforma fiscal para equilibrar las cuentas fiscales en el 2007. Basta con un ajuste del gasto y la reducción o eliminación de los subsidios, para obtener los recursos necesarios que generen un superávit primario del 2.0/2.5% del producto interno bruto.

En el Gobierno no hay disposición a dar ese paso. El ahorro corriente significaría reducir la nómina en 52,000 funcionarios públicos y eliminar los subsidios (junto al gasto dispendioso).

Y ello no es posible en tiempo de reelección. Para el Gobierno es importante mantener las cosas, es decir, la misma nómina, el mismo subsidio y las obras prioritarias a todo dar. Con las medidas que tiene a manos el Presidente, en el 2007 es previsible que los parámetros macroeconómicos no cambien.

Si logra ese paquete, el Gobierno dispondrá de grandes recursos para gastar en el 2007, por supuesto a base de un fuerte ajuste de la economía privada. Veamos:

El ITBIS al transporte de carga, el aumento del diferencial en 4 pesos a la gasolina Premium, el impuesto escalonado a los vehículos de motor, el aumento al 2% del IVSS, la ampliación del ITBIS a todos los bienes exentos y el aumento de impuestos a los premios de los juegos regulados conforman un paquete fiscal robusto en términos de ingresos, aunque desde el punto de vista social incendiario (además de inflacionario, dado que todos los bienes del país se transportan en automotores y solo por flete deben subir un 16 %).

Esta última versión de la reforma fiscal, totalmente cambiada a la que hizo Vicente Bengoa en Finanzas, muestra la clara voracidad fiscal del gobierno en reelección.

Si evaluamos otros ingresos extraordinarios que pudieran estar en camino, serían enormes los recursos nuevos que en el 2007 tendría el Gobierno, tales como un acuerdo por US$250 millones por el traspaso de Verizon, la recomposicion de las relaciones de propiedad del Grupo E. León Jimenes (80.0 millones), la venta de Centennial Dominicana (50.0 millones), la venta de Coca Cola, una suma sin determinar; y finalmente, el Gobierno, en la persona de su Procurador General, ha estado negociando un acuerdo con Ramón Báez Figueroa.

Se habla de una suma que oscilaría entre los US$500 y 800 millones que Ramoncito devolvería de los US$1,300 millones que habría sacado entre septiembre del 2002 y marzo del 2004

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