Las malas costumbres en la política

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Por: Sergio Muñoz Riveros.

-DE PROYECTAMERICA, SANTIAGO, CHILE-

“Soy del PPD y cuando pienso lo hago como PPD”, dijo Andrés Farías, ex jefe de gabinete del director metropolitano de Chile deportes luego de ser interrogado el jueves 2 por los fiscales que investigan las irregularidades en dicha institución. Así opera el espíritu militante en ciertos funcionarios que entienden que su primera lealtad no es con el Estado ni el interés público, sino con su partido y, más concretamente, con el caudillo que los “colocó” en el puesto. Farías contó que el mail que incluía una lista de diputados del PPD al lado de cuyos nombres iba una cifra de dinero, le fue dictado por su jefe, Orlando Morales, también del PPD, removido como director regional. A continuación, explicó la actitud de Morales: “Me imagino que habrá conversado con el Guido para que me haya dictado eso. Las explicaciones las tiene que dar el Guido, yo nos las tengo que dar, yo sólo cometí un error político. Es el Guido el que tiene que dar las explicaciones ante la ciudadanía y ante Impuestos Internos, no yo”.

Lo que ha quedado en evidencia es la entronización de prácticas viciosas en el aparato del Estado que se originan en la acción de ciertos operadores partidarios enquistados en los organismos públicos que se han acostumbrado a manejar desaprensivamente los recursos del país. Se trata de una específica forma de corrupción alentada por líderes audaces, que ubican a sus peones en puestos desde los cuales deben favorecer los proyectos que ellos les indiquen, por ejemplo los de un determinado municipio. Así prosperan las empresas fantasmas, la venta de facturas, las falsas rendiciones de cuentas del gasto electoral. Salta a la vista que en un país económicamente dinámico también crecen las oportunidades de hacer trampas.

Para frenar los malos hábitos es clave el papel de los partidos, pero lo más gravitante es el estilo de gestión del Ejecutivo. Tanto el actual como los anteriores gobiernos concertacionistas deben asumir su responsabilidad por haber cedido a la influencia desmedida de los caudillos en el nombramiento de funcionarios, pese a que está demostrado que los filtros de selección de personal de los partidos no son confiables.

Hay que atacar a fondo las faltas a la probidad. Ello exige cirugía mayor en todos los servicios en que las pillerías han hecho escuela. No se puede contemporizar con los abusos. En esto se juega la calidad de nuestras instituciones y la posibilidad de modernizar realmente la administración del Estado. Un asunto cardinal son las normas de fiscalización del gasto público, lo que exige transparencia y rendición de cuentas de todos los organismos.

En nuestro país existe el reflejo condicionado de que si estalla una crisis hay que elaborar pronto una nueva ley. Quizás sea necesario perfeccionar los instrumentos legales, así como la gestión de organismos como el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Electoral, pero la cuestión esencial es de carácter moral y se refiere a la lucha por imponer normas de corrección sin las cuales cualquier edificio institucional tambalea. Hasta las leyes mejor elaboradas pueden ser burladas cuando su aplicación está a cargo de gente inescrupulosa. Lo decisivo es desarrollar una cultura de la decencia en todos los niveles, o sea, que haya funcionarios probos, para lo cual es indispensable que los sistemas de designación sean mucho más estrictos.

Los organismos públicos no pueden ser coto de caza de un partido o de una coalición. El aparato del Estado debe servir al país en su conjunto. Ello supone cuestionar a fondo ciertas formas de hacer política por desgracia muy arraigadas, como el clientelismo, que crean el caldo de cultivo para los actos turbios.

Ningún país está libre del flagelo de la corrupción, pero eso no puede servir de consuelo. Tampoco que Chile aparezca relativamente bien evaluado en comparación con otras naciones de la región. El problema es que, si no se pone atajo ahora mismo a las malas costumbres, estas se irán extendiendo.

La lucha por la probidad es la prueba de fuego del gobierno de la Presidenta Bachelet. Esto significa ajustar la agenda para responder a los nuevos requerimientos. El país estará especialmente atento respecto de la forma de ejecución del Presupuesto del 2007. Frente a eventuales nuevos escándalos, será determinante que los ciudadanos perciban una actitud firme de las autoridades para defender el interés colectivo.

Hay que poner atención a la experiencia de Italia y España, donde democratacristianos y socialistas pagaron muy cara la laxitud moral. Aunque Chile no ha llegado a esos extremos, cualquier actitud indulgente puede empujar las cosas en tal dirección.

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