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Julio Ortega Tous
(DE EL LISTIN DIARIO, MATUTINO DOMINICANO) El envío de las auditorías del manejo de la crisis de Baninter, Bancrédito y Mercantil por parte del Procurador General de la República al Procurador Fiscal del Distrito Nacional es un paso esencial para hacer justicia ante el daño moral y económico de las pasadas autoridades monetarias en el manejo de la crisis bancaria del 2002-2003.
El proceso de persecución judicial llevado a cabo hasta ahora ha estado sesgado hacia un sólo componente de la crisis: las malas prácticas de gestión bancaria que ya están siendo conocidas por la justicia. Sin embargo, el mayor daño moral y económico que sufrió el pueblo dominicano provino de las Autoridades Monetarias del Banco Central, la Superintendencia de Bancos y del Gobierno Central. Esto siempre lo hemos reclamado. Antes del triunfo del Presidente Fernández, durante nuestra permanencia en el Equipo Económico del Gobierno actual y en las intensas discusiones que sostuve personalmente con el FMI al respecto, que siempre fue defensor del sesgo favorable a la impunidad para las pasadas autoridades.
A fin de demostrar nuestra postura desde el principio, durante y después de la crisis bancaria, reproducimos partes centrales del artículo “El Banco Central y la ley monetaria” que publicamos en la revista digital Perspectiva Ciudadana en fecha 24 de Octubre de 2003:
[Ö a pesar que el Banco Central y la Junta Monetaria son los guardianes y garantes de la legalidad de las actuaciones de la Autoridad Monetaria y Financiera, y por tanto del fiel cumplimiento del ordenamiento legal dispuesto en materia bancaria y monetaria, prácticamente desde antes de su aprobación por el Congreso Nacional, el 20 de Noviembre del 2002, y de su promulgación por el Poder Ejecutivo al día siguiente, 21 de Noviembre del mismo año, la Ley Monetaria y Financiera ha venido siendo sistemáticamente violada por quienes deben velar por su aplicación. Si la ley no sirve, pues propongamos cambiarla. Pero mientras los dominicanos sólo tengamos las leyes como “pedazos de papel que sólo sirven para ir al baño”, este país no podrá crear instituciones sólidas, creíbles y una sociedad regida por la dictadura de la ley igual para todos los ciudadanos. Mientras no nos rijamos por el imperio de la ley, seremos un pobre país subdesarrollado y seremos tratados como una Banana Republic.
Las autoridades han creado una crisis bancaria y financiera que ha afectado todo el aparato productivo nacional. La falta de disciplina en el gasto y la irresponsable política de las autoridades de coger prestado todo lo que se le ofrezca han llevado el país al colapso económico. La estabilidad macroeconómica se ha perdido. La inflación se estima terminará el año entre 35% (FMI) y 42% (PUCMM). La tasa de cambio del peso se ha devaluado en más de un 50% y la paridad peso-dólar se ha deslizado en más de un 100% en menos de 12 meses. Han quebrado varios bancos, y ha quedado demostrada la connivencia de las autoridades monetarias y bancarias con prácticas fraudulentas e ilícitas de algunos administradores de entidades financieras. El desempleo se ha elevado de 13.1% de la Población Económicamente Activa al cierre del 2000, a un 19% en los momentos actuales. Eso significa que se han destruido más de 600 mil empleos productivos.
Se ha empobrecido a todas las capas de la población, incluyendo a las capas altas, medias y bajas. Se han emitido más de 85,000 millones de pesos para “salvar” muchos depositantes acaudalados que habían corrido un riesgo calculado poniendo su dinero donde lo pusieron, con casos extremos de financiamientos del Banco Central de hasta 15,000 millones a una sola persona física o jurídica. Informaciones de entero crédito indican, que del total de instrumentos emitidos por el Banco Central para “salvar depositantes” de Baninter, 47,000 millones están en poder de 85 personas jurídicas o morales. El daño moral (Moral Hazard) infligido a la sociedad dominicana es el mayor en la historia contemporánea. Un país empobrecido para proteger el fraude, la evasión fiscal y el tráfico de influencias.
Todas estas acciones de política económica se han llevado a cabo sobre la base de violar flagrantemente las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, en particular la Ley Monetaria y Financiera recientemente promulgada. En el caso de los pagos a depositantes se ha violado lo dispuesto en el Artículo 64, literal c) (“Garantía de Depósitos”), donde se dispone que “los depósitos del publico en las entidades de intermediación financiera estarán garantizados... hasta una cuantía por depositante de quinientos mil pesos (RD$ 500,000.00) y hasta el 30% del total de las obligaciones privilegiadas de las entidades de intermediación financiera en disolución”...]
[ÖPero peor aún, previo a decidir que el Banco Central era una especie de lo que es el FDIC en los Estados Unidos (Federal Deposit Insurance Corporation), pero a base de la maquinita de hacer papeletas y no de previsiones de seguro de crédito, quienes dirigen la institución monetaria habían violado constantemente los topes de financiamiento a entidades financieras con problemas de liquidez. Efectivamente, tanto las disposiciones de las anteriores Ley General de Bancos y Ley Orgánica del Banco Central, así como las resoluciones de la Junta Monetaria, prohibían explícitamente otorgar a una misma entidad financiera con problemas de liquidez, facilidades bajo la forma de Adelantos y Redescuentos, por encima de un 150% del capital suscrito y pagado de esa entidad. La nueva Ley Monetaria y Financiera es aún más restrictiva, ya que a dicho límite le fija plazos de tiempo muy cortos. Efectivamente, en su Artículo 33 (“Prestamista de Ultima Instancia”), literal a) dispone que “la Junta Monetaria reglamentariamente determinará las circunstancias en que el Banco Central podrá otorgar crédito a las entidades de intermediación financiera con el objeto de atender deficiencias temporales de liquidez que no estén causadas por problemas de solvencia. El monto del crédito podrá ser de hasta una vez y media (1 Ω veces) el capital pagado de la entidad, y podrá instrumentarse mediante un préstamo garantizado con títulos, depósitos en el Banco Central, o con cartera de bajo riesgo, o mediante compra de títulos con pacto de recompra o mediante compra de cartera de bajo riesgo. El valor del colateral no podrá ser inferior a una vez y media (1 Ω veces) el principal del préstamo. El plazo de dicho préstamo podrá ser de hasta 30 días calendario.” Solo en el caso de Baninter, cuyo capital al 31 de Diciembre del 2002 era de 1,800 millones de pesos, se violó esta disposición en más de diez (10) veces su monto. Además se entregaron certificados especiales del Banco Central de la República Dominicana, para “salvar” depósitos realizados en subsidiarias fuera del territorio dominicano, los llamados Off-Shore, localizados en Islas Caimán y en Panamá, incluso contraviniendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional de desconocer esos depósitosÖ]
[ÖViolando las leyes no se avanza en la resolución de la crisis, sino que se ahonda y se profundiza en las calamidades que afrenta la naciónÖ]
Por ello, ya es hora de que el ministerio público, a defecto de la Autoridad Monetaria, asuma la defensa de los intereses de la sociedad, y a la par de continuar los juicios a los banqueros acusados de violaciones varias, se lleve al banquillo de los acusados y se condene ejemplarmente a los que crearon el mayor desastre, el más oneroso y el más corrupto del manejo de las finanzas públicas y las crisis bancarias de la historia nacional. El Procurador es un hombre de recias convicciones que sabrá cerrar el círculo y poner en manos de los tribunales a todos los criminales de cuello blanco que se escudaron en el Banco Central, en la Superintendencia de Bancos, en la Junta Monetaria y en el propio Palacio Nacional. |
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