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PRIAMO H. MEDINA P.
-DE EL NACIONAL, VESPERTINO DOMINICANO-
No recuerdo antes, que alguna dependencia del Estado, como es el caso que envuelve a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y a Verizon Dominicana, hayan tenido una confrontación tan cruda, por el cobro de impuestos dejados de pagar. Con anterioridad, los diferendos de esta naturaleza, o no trascendían, porque se les buscaba una solución de gabinete, o simplemente no se presentaban, por la incondicionalidad de los funcionarios involucrados.
El origen de las diferencias que enfrentan a la DGII con Verizon, tiene que ver con la decisión de la primera (DGII), de exigirle a la segunda (Verizon), el pago de mas de 16 mil millones de pesos, por concepto de ganancias de capital, al transferir la totalidad de sus acciones a la empresa American Móvil, S.A., propiedad de un magnate de la comunicación de nacionalidad mexicana.
Dado que las partes en conflicto no lograron conciliarse, optaron por apoderar al Tribunal Contencioso Tributario, para que éste, como jurisdicción competente, proceda a dirimir definitivamente el impasse. La elección de esta vía ha sido la decisión mas apropiada, porque no hay otra forma de zanjar los conflictos, hasta en la naciones medianamente civilizadas.
Debatir a través de los medios de comunicación, los litigios penales, civiles y comerciales, es algo que se ha hecho habitual entre los dominicanos. Por eso no debe extrañar que Verizon, en forma apabullante, y después la DGII, en menos proporción, pretendan obtener ganancia de causa, utilizando la prensa escrita como mecanismo de presión.
Pero lo que más duele es que Verizon recurra al fantasma de la inseguridad jurídica, tratando de evadir sus obligaciones impositivas en un país en el que lleva más de 50 años operando y en el cual ha recibido el trato que le ofrecen los países pequeños al capital extranjero. Son inaceptables los argumentos planteados por un grupo de funcionarios y congresistas norteamericanos, al igual que los pedimentos hechos por los señores Kevin Manning, y el ingeniero Jorge Iván Ramírez, presidente de la Cámara Americana de Comercio y presidente de Verizon Dominicana, respectivamente, con el propósito de "convencer" al gobierno dominicano en el orden de renunciar al cobro de los impuestos.
La evasión del pago de impuestos en una nación desarrollada conlleva a la aplicación de las penalidades más drásticas. Estados Unidos de Norteamérica es el ejemplo a imitar. La jurisprudencia de ese gran país demuestra que allí no existen privilegios cuando se presentan las pruebas de que alguna persona física o moral ha dejado de tributar valiéndose de argucias y retorcimientos legales.
El caso de la DGII y Verizon Dominicana, tiene una connotación muy especial. De ahí es que importa mucho el interés de la sociedad dominicana, expresado por medio de sus organizaciones más representativas, con relación a este expediente. Es sintomático el hecho de que, con excepción de la Asociación de Firmas de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, Inc., y de muy contadas personalidades, nadie haya dicho nada respecto a esta disputa. Hace falta oír a los partidos políticos, a la sociedad civil y a otros tantos, tan solícitos cuando se habla de defender el interés nacional.
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