El Congreso debe intervenir

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LEANDRO GUZMAN

(DE HOY, MATUTINO DOMINICANO)
Siempre se ha dicho que el Estado es “un mal administrador”. Nosotros decimos que eso depende de los administradores que tenga. Si el administrador es malo como gerente, la empresa no prosperará, mientras sería lo contrario si el administrador es eficiente.

La experiencia de la quebrada Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) es un buen ejemplo de lo que decimos. Ese consorcio estatal fue un verdadero botín para los politicastros sin experiencia gerencial, nombrados solamente por sus vinculaciones políticas con el régimen de turno, vale decir los Gobiernos que se sucedieron tras el ajusticiamiento de Trujillo, principalmente durante los del fallecido presidente Balaguer. Sin embargo, de CORDE también puede decirse que por lo menos sirvió para paliar el desempleo durante un tiempo, sin necesidad de anclarse en el Presupuesto Nacional. El Consejo Estatal del Azúcar (CEA) cae dentro de esa descripción, pues antes de su quiebra empleó más de 40.000 empleados y trabajadores.

Todo esto viene a colación para referirnos al viejo problema eléctrico, que es como quien dice el cuento de nunca acabar. Gobiernos van y gobiernos vienen y todos prometen brindar un servicio eléctrico eficiente, con la energía servida a un precio razonable para la población. No obstante, hemos visto que el servicio eléctrico empeora y las facturas llegan más altas, a pesar de los largos apagones, aunque las autoridades dicen que la tarifa “no ha aumentado”.

Hace unos días, hubo una “cumbre” entre todos los que tienen que ver con la producción de energía. La idea era buscar un consenso que permitiera una solución definitiva a tan desastrosa situación, pero ocurrió que los participantes se dividieron en dos: los que abogan por retornar a los viejos tiempos de la antigua CDE, manejándola el Estado, y los que simplemente quieren que se amplíe la participación privada en la propiedad, administración y generación de energía.

No debemos olvidar que la CDE fracasó, entre otras cosas, no por malas administraciones, sino porque nunca recibió el apoyo necesario del Estado como tal para cubrir la creciente demanda, estimada conservadoramente en un diez por ciento anual. En la actual coyuntura, leemos con gran preocupación que altos funcionarios del Gobierno, vinculados a manejar el sector eléctrico, dicen haber elaborado tres proyectos para resolver los problemas. Uno va encaminado a privatizar “en un plazo no menor de seis meses” a las compañías Ede-Norte y Ede-Sur, estatizadas en el 2003 por el Gobierno anterior. Otro se refiere a la modificación de la Ley Orgánica de la CDEE con la finalidad de dar participación al sector privado hasta en 40 por ciento de las acciones que tienen que ver con las empresas de transmisión y de las hidroeléctricas, conservándolas como propiedad inalienable del Estado.

El tercer anteproyecto importante tiene que ver con una Ley que contempla la creación de una llamada Superintendencia de Combustibles, la cual tendría “funciones similares” a la Superintendencia de Electricidad. Esta nueva estructura fungiría, según lo anunciado, como el ente regulador responsable de que estaría “en una función de equilibrio” entre los distribuidores, los detallistas, los importadores de combustibles, los almacenistas y los consumidores.La verdad es que parece muy acelerado privatizar las Edes en un plazo de seis meses, lo que da la impresión de que el Estado lo que busca es dinero, del cual tiene urgentes necesidades, para financiar obras que ni fueron compromiso de campaña, pero que al emprenderlas se han tragado gran parte del Presupuesto Nacional, en detrimento de sectores vitales como la educación, la salud, la vivienda y la seguridad social.

La privatización de las presas sería un grave error. Las presas cumplen funciones estratégicas, como quien dice de seguridad nacional, porque podría llegar el momento en que las aguas de los embalses comprometidas con el riego y los acueductos, sean desviadas simplemente para producir más energía, en beneficio de los nuevos incumbentes privados, pero en perjuicio de los agricultores y la población que cada día demanda agua. En esa forma, el Estado Dominicano quedaría desprovisto de su facultad para tomar las decisiones, aunque se diga que el sector privado no tendría mayoría para imponerse. Todos sabemos cómo se hace el mangú en la República Dominicana.

¿No sería mejor tomar alguna disposición legal encaminada a que el sector privado construya presas, con concesiones que no sean lesivas al interés nacional, tal como se ha hecho con algunas autopistas y con la exploración petrolera, aunque esta última todavía no ha arrojado resultados tangibles?

En cuanto a crear una Superintendencia de Combustibles, sería una burocracia más. ¿Es que la Superintendencia de Electricidad, ni Industria y Comercio, no tienen capacidad para cumplir sus funciones? ¿Para qué crear una nueva sangría al Presupuesto Nacional? ¿Para qué crear más abultamiento de la nómina pública, en momentos en que importantes sectores nacionales como internacionales claman por lo contrario?

En vista de que se supone que tales propuestas relativas al sector eléctrico tienen necesariamente que ir al Congreso Nacional, nosotros consideramos que los honorables senadores y diputados, cuya elección fue determinada por una mayoría aplastante de votos, tendrán la suficiente inteligencia y patriotismo para que no se enajene un patrimonio que, como las presas sobre todo, se construyeron con grandes aportes de recursos internos, sin dejar de mencionar los préstamos internacionales de algunas, que devuelven en demasía lo que hay que pagar por ellos, para beneficio del pueblo dominicano.

En todo caso, finalmente quien podría decidir lo que determine el Congreso es el Presidente de la República, que de acuerdo a la Constitución tiene la facultad de aprobar o vetar cualquier Ley.

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