lunes, octubre 16, 2006

CONFLICTO DE OAXACA: SOLUCION O REPRESION

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Manuel Camacho Solís

(DE EL UNIVERSAL.Mx.)

En Oaxaca se agotó el tiempo. En las próximas horas se tendrá que decidir si se opta por la solución política o por la represión. El Senado deberá decidir si desafuera o no. El Presidente, su secretario de Gobernación y Felipe Calderón si, para el caso de que no halla desafuero, imponen la licencia-nombramiento, o envían a las fuerzas federales. El gobernador si acepta la solución federal, o no. La APPO y los maestros, si se deciden a resistir o no a la eventual llegada de la fuerza pública.

Se pasará de los posicionamientos a los hechos. Ninguno de quienes deciden podrá evadir su responsabilidad, aunque la principal esté en el Ejecutivo federal, pues ahí recae la última instancia.

En un artículo anterior (Solución a Oaxaca) presenté una propuesta de arreglo político al conflicto. Ahora, en el momento decisivo, argumento en contra de la "solución" represiva. Bien lo decía Clausewitz, el éxito de una batalla depende fundamentalmente del factor sorpresa. Pero sobre todo, bien lo decía Talleyrand, en una frase que algunos atribuyen a Napoleón, "las bayonetas no sirven para sentarse en ellas".

Quienes con tanta liviandad hablan de la necesidad de recurrir a la fuerza pública para resolver el problema de Oaxaca, no han pensado en serio en qué es el Estado de Derecho ni cuáles serían las consecuencias de la operación policiaco militar que recomiendan. Por una parte, es difícil hablar de la coerción legítima para restablecer el Estado de Derecho en Oaxaca, cuando desde el gobierno se han violado leyes, no hay una separación real de poderes ni se han respetado los derechos ciudadanos. Por la otra, la operación policiaca tiene una alta probabilidad de desencadenar violencia.

El movimiento popular sabe que puede haber una operación federal mayor en su contra. La están esperando en las calles angostas del centro histórico de la ciudad, tienen apoyo social y en él hay núcleos con gran experiencia política y determinación. Difícilmente se dejarán avasallar. En esas condiciones, ¿es posible una acción policiaco militar incruenta? Ahora bien, aún en el muy remoto caso de que, esa intervención no generara violencia, con la fuerza pública no se van a restañar las heridas que existen en Oaxaca, no va a desaparecer un movimiento social real, no se va a recuperar la falta de legitimidad del gobierno, no va a cambiar la opinión de la mayoría de los maestros. Vamos, la fuerza bruta, las bayonetas, no resuelven ni la causa que originó el conflicto ni aseguran que, a partir de ahí, se reestablecerá la gobernabilidad.

La gobernabilidad no se va a reestablecer pasando por encima de la APPO y del magisterio. Se puede reestablecer con ellos y con todos los sectores de Oaxaca. La gobernabilidad se recuperará en la medida en la que haya una nueva autoridad que se coloque por encima de las partes, actúe con rectitud e imparcialidad y tenga la capacidad para serenar los ánimos y cumplir con los compromisos que se hayan convenido. Si no hay manera de garantizar una operación policiaco-militar incruenta en Oaxaca, si esa operación no tiene posibilidad de resolver el conflicto ni de reestablecer la gobernabilidad, entonces la represión debería quedar descartada; ésta no es solución, aunque haya algunos que quisieran que en México ocurriera una noche de los cuchillos largos.

Entonces la solución tiene dos salidas: o el gobernador acepta, por propia conveniencia, dejar el cargo bajo las modalidades que establece la Constitución de Oaxaca; o se le impone su salida, ya sea por el Senado o por el Ejecutivo. Para no usar la fuerza, tendrán que ejercer el poder. Si no tienen el carácter para someter a los intereses y ambiciones que hoy se oponen a una solución política, el desenlace puede ser el peor: que habiendo en el gobierno federal quien no quiera usar la fuerza y esté conciente de sus graves consecuencias, termine desencadenando la tragedia.

Para decir no a la represión hay que decir sí a la política. No puede haber duda ni error en la instrumentación de la salida del gobernador.

Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista


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