LUIS PEREZ CASANOVA
(DE EL NACIONAL, VESPERTINO DOMINICANO)
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De no haber sido por los tantos problemas y la temerosa amenaza de otra reforma fiscal, lo más probable es que se pasara por alto el escándalo que representan los RD$1,700 millones mensuales sólo en lo que concierne al pago de los alrededor de 75 mil nuevos empleados nombrados este año en la administración pública. Sin importar siquiera que la presión no sólo estrangule a la economía, sino que contraste con la autoridad del presidente Leonel Fernández en cuanto al desacato del plan de austeridad y la supresión de los empleos inorgánicos que el mandatario dispuso durante su juramentación para el cargo.
Los nubarrones que hoy alarman a empresarios no surgieron, aunque se hayan agradando, este año. Desde los primeros meses de aquel promisorio discurso comenzó a notarse que el propio gobernante iba camino de echar por la borda, con nombramientos complacientes, las expectativas que levantó con el solemne compromiso de atacar esa lacra que tanto corroe las finanzas públicas como el clientelismo político.
Pero la estampida y conflictos con empresas modelo, incidencia de enfermedades como el dengue, la recaída del servicio eléctrico, la repentina crisis en el suministro de combustibles, las ambigüedades oficiales frente a contratos internacionales y la escasez de circulante han sonado la alarma sobre las consecuencias para la economía del clientelismo fomentado por el Gobierno. Con excepción de economistas y comunicadores que no hacen coro a las autoridades, empresarios ni nadie han parecido darse cuenta, por el silencio que han guardado, del déficit fiscal por unos cinco mil millones de pesos que acumuló el Gobierno en los primeros cinco meses de este año.
En agosto de 2004 había 320,558 empleados públicos, pero en la actualidad el número de servidores asciende a 456,966. La diferencia resulta alarmante, sobre todo después del presidente Fernández haber afirmado que serían suprimidos los cargos públicos en exceso, para él "creados mediante la tradicional práctica corrosiva de clientelismo o bien producto de las duplicidades de funciones dentro de nuestro aparato burocrático estatal".
Para reforzar su decisión, Fernández citó estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), según las cuales para lograr la estabilidad y recuperación de la economía "se requiere realizar un ajuste fiscal de un 4 por ciento del PIB, lo que representa 30 mil millones de pesos. En lo que para muchos era el inicio de una nueva era en la conducción estatal, el gobernante proclamó la supresión de los cargos de subsecretarios de Estado no contemplados en la ley orgánica de la Secretaría correspondiente.
¿Qué ha pasado para que la palabra del Presidente se fuera a pique? Con tantos intereses, es difícil cimentar liderazgos en base al uso racional de los recursos públicos, sin recurrir a la artimaña del clientelismo, que tanto horada las finanzas. Y más bajo un sistema social que fomenta las botellas, pues, como decía un prominente empresario, el éxito se busca "sin trabajo y sin esfuerzo, fácil y rápido". ¿Dígame usted si no es así?
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