HAMLET HERMANN
(DE HOY, MATUTINO DOMINICANO)
Decía Quevedo que si hay algo peor que estar enfermo es tener un mal médico. Lo mismo podría decirse en torno a los problemas de las ciudades y del país. La imagen que apareció en el periódico matutino el pasado Viernes 13 (¡tenía que ser!) presenta al Síndico y a la “autoridad” del transporte en actitud de apostar. ¿A qué apostaban? A la represión y a la recaudación fiscal en perjuicio de los propietarios de automóviles. ¿Qué alegaban? Que los automóviles no pueden estacionarse en las aceras, lugar reservado para la circulación peatonal. Y tienen razón. La gente de a pie ha sido menospreciada por los gobiernos municipales y centrales hasta el punto de que ya no tienen por dónde caminar sin riesgos de convertirse en víctimas de un vehículo.
Ahora bien: ¿se habrán puesto a pensar el Síndico y la “autoridad” por qué se estacionan los vehículos privados sobre los espacios peatonales? ¿Quiénes han sido los generadores de esta situación anómala? Podría ayudarlos a conocer el problema si acabaran de entender que todo cuanto se ha hecho en materia de tránsito ha sido para beneficiar al automóvil privado. Nuestras “autoridades” de ahora y de siempre han sido hechizadas por el modelo individualista norteamericano de que cada ciudadano tenga un automóvil. Poco, muy poco, se ha hecho para colectivizar el transporte de pasajeros. Si alguien dudara sólo tiene que echarle una ojeada a los pasos a desnivel y los “túneles” en los que se gastaron miles de millones de pesos en Santo Domingo y en Santiago. Por esas estructuras están prohibidos de circular los camiones, los autobuses, las motocicletas y las carretas de tracción animal. Dado que no tienen acceso para peatones, los “conchos” y las “voladoras” nada tienen que buscar por allí. En conclusión, quienes idearon esos proyectos sólo pensaron en privilegiar al automóvil y las jeepetas, los vehículos que menos pasajeros o carga transportan en todo el sistema. Los geniales proyectistas eliminaron las aceras bajo la consigna de “todo para el carro, nada para el peatón”. Y si el gobierno es el culpable ¿por qué no sancionar al Poder Ejecutivo en vez de multar a aquel que parquea sobre la acera?
Ahora bien, ¿no es también cierto que los Síndicos se han hecho de la vista gorda y han permitido que la inmensa mayoría de las edificaciones se construyan sin contar con los espacios de estacionamientos suficientes para acomodar los usuarios permanentes de los inmuebles? Muy buenas contribuciones económicas han sido conseguidas por los funcionarios municipales a través de las concesiones para usar las aceras como puestos de exhibición y venta. De la misma manera esos funcionarios han expedido permisos para construir edificios sin estacionamientos y para instalar plantas de gas y gasolineras donde la ley lo prohíbe. Los Síndicos debían ser los sancionados por ser los causantes originales del problema no los conductores que son las víctimas de sus desmanes.
Y si la ceguera política no lo impidiera, también podría decirse que quien más problemas de estacionamientos provoca en la ciudad capital es el propio gobierno central. Muy bien pudieran el Síndico y la “autoridad” darse una vuelta por los alrededores de las oficinas públicas. Podrían empezar por la sede del Poder Ejecutivo y el área que la circunda, la cual incluye El Huacal y la Plaza de la Cultura. En ese sector a los empleados y funcionarios gubernamentales sólo les falta estacionar un vehículo encima del otro para que puedan caber en las vías. El Síndico y la “autoridad” podrían darse gusto viendo cómo se han construido obras gubernamentales de varios niveles sin contar con un solo lugar de parqueo, repito uno solo, para sus lujosos vehículos que gozan de impunidad absoluta para estacionarse donde les venga en ganas.
En este mundo al revés ahora se trata de que los causantes del problema penalicen a las víctimas de éstos. Actúan como el doctor que enferma a un paciente a través de su mala práctica médica y luego quiere cobrarle grandes honorarios para curarlo del daño que su ignorancia y desidia provocaron. La ciudadanía paga los salarios de los funcionarios para que encuentren soluciones a los problemas, no para que los penalicen por las ineptitudes oficiales. Lo que más apreciarían los pagadores de impuestos es poder ver alguna vez algún funcionario haciendo penitencia por los males provocados en su mala práctica y no escudándose en su “autoridad” para que otro pague los platos que él rompió.
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