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viernes, 06 de abril de 2007
Trujillo,(PRESSPERU) Por: Jonson Centeno Burgos.- Y ya que estuve de visita en el diario creo pertinente reproducir un editorial publicado esta semana (el caso no ha rebotado mucho en los medios, la verdad) sobre las pretensiones judiciales de censurar la publicación, por acción privada del ex ministro y hoy magistrado de la CIDH Diego García Sayán (sí, el de los trabajitos caviar al Chino desde su Comisión Andina de Juristas)
(Marketero el nombrecito: alguna gente cree que es un organismo Inter Regional, y el que viajó con noviecita a cargo del Estado). No hay nada que comentar. Saludamos la sentencia. "El mundo de hoy no tiene fronteras infranqueables".
Menos las que se refieren a mantener informada – y orientada – a la opinión pública, por lo que la ratificación judicial del derecho constitucional que le asiste al director de EXPRESO, Luis García-Miró Elguera – y en la persona de él, a todo su equipo periodístico –, a informar, opinar y criticar, constituyen motivo de esperanza no sólo para el periodismo nacional sino también para quienes luchan denodadamente en diversas partes del planeta en defensa de la libertad de prensa.
Sucede que frente a la tendenciosa demanda por difamación que interpuso un ex ministro de los gobiernos de Valentín Paniagua y de Alejandro Toledo, además de patrocinador de la ONG Comisión Andina de Juristas y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de nombre Diego García Sayán,
La magistrada del 35 Juzgado Penal de Lima, Mercedes Gómez Marchisio decidió archivar en definitiva esa querella porque, según la jurisprudencia, los personajes públicos mantienen una condición singular que "relativiza" toda crítica, comentario, calificativo u opinión sobre su actuación y vida política.
"Este fallo se suma a otros en la ruta al reconocimiento de las libertades fundamentales del ser humano, como la de expresión y de opinión".
El director de EXPRESO había ejercido su derecho a informar y a opinar sobre el comportamiento del querellante, en la condición de este último de personaje público, asunto que compete a todo el país.
Y en el contexto de esa coyuntura no podía –ni debía– dejar de informar acerca de la labor del demandante como ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores, así como sobre sus vínculos contractuales con la dictadura fujimontesinista en su calidad de directivo en una ONG que sirvió al déspota.
Esta casa periodística se limitó a informar a la sociedad –que a la vez tenía el derecho de ser informada– sobre estos hechos, por lo que jamás existió animus injuriandi.
Ha sido patético para García Sayán asistir a un pasaje donde él, como ex funcionario público, político autopromocionado que dice "defender los derechos humanos" y magistrado de la Corte IDH, fue incapaz de discernir aspectos elementales de una democracia. Como es la Libertad de Expresión.
El episodio, sin embargo, ha servido para que la ciudadanía repare sobre el proceder totalitario y en la voluntad oscurantista del mentado ex ministro, quien pretendió acallar a este medio exigiéndole a una juez que conmine al Director de EXPRESO a no escribir una sola línea sobre las peripecias de García Sayán a su paso por el Estado.
Se ha inaugurado pues un debate interesante donde las fuerzas de la sociedad buscan construir una nación con instituciones que funcionen y defiendan principios soberanos para decidir sobre su desarrollo, progreso y destino.
Aunque de otro lado está la izquierda reciclada que dice representar a una entelequia disgregadora denominada "sociedad civil", que no se avergüenza de recibir fondos de potencias extranjeras para debilitar a nuestras instituciones, aunque su verdadero interés sea vivir en el confort y el derroche.
"Queda entonces registrada en los anales de la lucha por la Libertad de Expresión esta firme sentencia de la juez Gómez Marchisio, no sólo por su apego a la justicia sino por su gran significado para aquella prensa que busca la verdad fiscalizando a los hombres públicos”.
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