La opinión como delito

Vanguardia, Mx.

Servicios Google para Bloggers
.
POR GILBERTO RINCÓN GALLARDO / La semana pasada, el Presidente de la República firmó el decretó para hacer efectiva la derogación, aprobada previamente por el Congreso de la Unión, de los delitos penales federales de difamación, calumnias e injurias. Con ello se confirma la conversión de estas figuras en delitos o faltas del orden civil, por lo que han quedado eliminadas del Código Penal Federal para hacer parte del Código Civil.

Pudiera pensarse que, puestos a tutelar la libertad de expresión, los poderes Legislativo y Ejecutivo bien podrían haber derogado esas conductas como delitos, fueran civiles o penales, con lo que se garantizaría una plena libertad de expresión.

Sin embargo, lo cierto es que la prohibición de difamar, calumniar o injuriar siguen teniendo sentido en un sistema legal en el que la honra o buen nombre de las personas es, también, un bien jurídico a proteger.

Para justipreciar la importancia de este cambio legal deberíamos recordar algunos casos, algunos de ellos muy recientes, en los que algunos periodistas han sido acusados de tales delitos por el simple hecho de expresar opiniones desagradables para ciertas personas con relativo poder.

Ahora, el buen nombre de las personas podrá ser defendido en el orden civil, sin que la cárcel aparezca como amenaza para quien ejerce, en sus difusos límites, la libertad de expresión.

En sus artículos 6§ y 7§, la Constitución nos dice que el límite para las libertades de expresión y prensa residen, para el primero de los casos, en la moral, los derechos de terceros, la provocación de un delito o la perturbación del orden público, y para el segundo de ellos, en la vida privada, la moral y la paz pública.

El artículo 6§ ampara la libertad de expresión de todo ciudadano; el artículo 7§, la de los periodistas en particular.

Pero en México, tales límites han sido hasta tal punto imprecisos y poco sensatos, que muchas veces las excepciones, es decir los límites, han funcionado como la norma respecto de estas cuestiones de libre expresión. Por ello, es sano que se desmonte buena parte del andamiaje legal que mantiene a la libertad de expresión bajo sospecha.

No puede negarse que en México la libertad de expresión, y de manera específica la libertad de prensa, han registrado notables avances. De un régimen político en el que decir o publicar cosas incómodas para el poder significaba distintos tipos de riesgo, incluso el de la vida del propio periodista, hemos pasado a una atmósfera social en la que las voces de una sociedad plural se hacen oír con mayor fuerza y claridad.

Sin embargo, este proceso es paradójico, pues mientras el Estado como institución ha reducido notablemente la presión sobre el periodismo, han proliferado nuevos riesgos para éste derivados de nuevos poderes fácticos como los grupos del narcotráfico o ciertos poderes locales.

Para aliviar esta paradoja, se hace necesario completar estas medidas de derogación de leyes potencialmente atentatorias contra la libre expresión con una serie de nuevas protecciones para el ejercicio del periodismo en todo el país, a efecto de que el ejercicio de una libertad fundamental no tenga que verse como una acto de heroísmo, sino sólo como parte de una sana rutina democrática.

La libertad de expresión es una mezcla de abstención y acción del Estado. Es abstención en la medida en que los poderes públicos no deben coaccionar o limitar lo que los particulares, y en especial los periodistas y comunicadores, puedan decir.

Pero, a la vez, esta libertad de los particulares exige condiciones de seguridad y certidumbre legal que sólo el Estado puede construir.

Como decía el escritor Salman Rushdie, famoso por haber sido condenado a muerte por el fundamentalismo musulmán debido a una novela que se juzgó herética, Los versos satánicos: "Sin la libertad de ofender la libertad de expresión deja de existir; sin la libertad de satirizar todas las ortodoxias la libertad de expresión no existe más." No es necesario decir otra cosa. (Notimex) (El autor es analista político)