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Jaime Aristy Escuder
El banco de inversión estadounidense Bear Stearns reveló que el gobierno actual reconoce que las Notas Promisorias emitidas en el contrato firmado con la SunLand constituyen deuda pública. Esa afirmación desmiente al Presidente Leonel Fernández, quien declaró ante un grupo de directores de medios de comunicación que esos pagarés no representaban una obligación gubernamental.
En el documento Emerging Markets, Sovereign Journal Weekly, fechado el 25 de enero de 2008, la firma Bear Stearns señala que en las reuniones con funcionarios del gobierno de Fernández se le informó que las obligaciones generadas mediante la emisión de las 19 Notas Promisorias serán honradas por el gobierno usando “una forma creativa para resolver la situación”. Cabe resaltar que en el texto no se aclara en qué consiste la “forma creativa” que encontró Leonel Fernández para pagar esa deuda ilegal ascendente a la suma de 130 millones de dólares.
Los analistas de Bear Stearns minimizan los riesgos asociados a la emisión y colocación de las 19 Notas Promisorias sin la aprobación del Congreso Nacional.
No le informa a sus clientes que el dinero generado por la colocación de esa deuda en los mercados de capitales ñcabe recordar que el Royal Bank of Scotland adquirió 9 de los 19 pagarés- no llegó a las cuentas gubernamentales en el Banco de Reservas o en el Banco Central. Tampoco le informa a sus clientes que el Presidente Fernández no le ha explicado al país satisfactoriamente dónde está el dinero que se originó con la colocación de esos pagarés.
El mensaje que envían a sus clientes es que el gobierno pagará esas obligaciones a pesar de que es una deuda ilegal. Bear Stearns no informa a sus clientes lo que sucedería con esas Notas Promisorias si la Suprema Corte de Justicia declara que esos documentos financieros son inconstitucionales y, en consecuencia, nulos.
Es preciso señalar que el gobierno no puede realizar pago alguno sin que se haya generado una obligación legal. La Constitución Dominicana prohíbe el uso de los recursos públicos a menos que esté aprobado por el Congreso Nacional.
Todo pago sería equivalente a una extracción de recursos públicos de manera ilegal llevada a cabo por un grupo de funcionarios del gobierno de Fernández, quienes colocaron los pagarés, desaparecieron el dinero y posteriormente consiguieron un mecanismo para honrarle a los inversionistas las Notas Promisorias incluyendo una buena rentabilidad.
Ese tipo de mecanismo podría ser tipificado como una acción de lavado de dinero y, en consecuencia, sancionable por la Ley 72-02 Contra el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves.
Bear Stearns debe informar a sus clientes que entre las infracciones graves tipificadas como lavado de activos se encuentra la estafa contra el Estado y el desfalco. Esto significa que todo aquel que coopere o se involucre en una actividad que se traduzca en la desaparición de recursos gubernamentales, es sujeto de ser sancionado por la Ley 72-02.
Los clientes de Bear Stearns deben saber que incurre en lavado de activos la persona que, a sabiendas de que los fondos e instrumentos financieros son el producto de una infracción grave ñcomo la emisión ilegal de deuda pública-, se asocie o facilite la comisión de alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 72-02.
A esos clientes se les debe informar también que incurren en infracción penal aquellos que falsamente aleguen tener derecho, a título personal, en representación o por cuenta de un tercero, de un bien derivado del lavado de activos.
Bear Stearns debe ser transparente con sus clientes. Se les debe informar que el caso de la SunLand es el peor evento de corrupción pública que se haya registrado en la historia de la República Dominicana y que puede tener como desenlace final la destitución de Leonel Fernández.
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