La columna de Miguel Guerrero

Por Miguel Guerrero / El Caribe

La discusión acerca del patrimonio de las personas empeñadas en gobernar a un país sin instituciones como el nuestro, es tan prioritaria y necesaria como mejorar la educación, proteger el medio ambiente, garantizar la seguridad ciudadana y atender los problemas de la salud pública.

Muchos de los males vinculados a la marginalidad y pobreza que afectan a una buena parte de la población dominicana tienen su causa en el auge de la corrupción y el manto de impunidad que la protege, y que han normado la vida política de la nación desde su nacimiento.

En el caso particular de la campaña con vista a las elecciones de este año, han sido precisamente los partidos y sus candidatos quienes se han encargado de recordarnos la importancia de ese tema, con mutuas acusaciones de enriquecimiento ilícito en el ejercicio del poder político.
Los funcionarios insisten en que el candidato del PRD es “un negociante de la política” que iría al Palacio Nacional a hacer negocios particulares. La oposición sostiene que el presidente, que “andaba en un cacharro” en 1996, se ha convertido “en uno de los hombres más ricos del país”.

En el gobierno se dice que el escándalo Marbella, por el que guardan prisión decenas de ex funcionarios y empresarios españoles, le impide al candidato del PRD viajar a Madrid. Y éste le responde que si el tema llegara a debatirse afectaría mucho más a la reelección que a su candidatura.

Ante tan graves referencias y acusaciones, el país tiene derecho a exigir que estos asuntos se ventilen públicamente. Un debate limitado a programas de gobierno que nunca se cumplen, dejando de lado la cuestión vital de la honorabilidad de los candidatos sería una burla al país y a la pobreza que lo rodea.

El pueblo tiene derecho a saber cómo se comportan en sus vidas privadas los presidentes y candidatos y cómo alcanzaron lo que ahora poseen.

Miguel Guerrero es escritor y periodista
mguerrero@mgpr.com.do