La columna de Miguel Guerrero

Por Miguel Guerrero / El Caribe


Por elemental respeto al país, el gobierno y el PLD están moralmente obligados a llevar sus graves acusaciones contra el candidato del PRD, a un debate público al través de los medios de comunicación, como se está demandando a gritos, o presentar las pruebas de las mismas ante un tribunal competente. No pueden seguir eludiendo las formalidades, y mucho menos las responsabilidades que la Constitución y las leyes de la República atribuyen a toda persona o partido encargados de dirigir la nación.

Es un deber ineludible. Es lo que en el lado opuesto ha hecho el PRD en su contra, que no se limitó a ventilar en los medios el caso del contrato de préstamo por US$ 130 millones suscrito por el gobierno con una empresa privada, la Sunland, sino que elevó ante la Corte Suprema de Justicia una instancia de inconstitucionalidad contra el mismo, por considerarlo violatorio de la Constitución, al haber sido firmado a espaldas del Congreso y sometiendo a la justicia al funcionario que lo suscribió a nombre del Estado, amparado en un poder especial del presidente.

Un debate entre candidatos debe abarcar todos los temas, especialmente el de la corrupción e incluso el patrimonio de cada uno de ellos, en vista no sólo del interés que ello reviste para el país, sino porque ese ha sido el centro de las acusaciones que uno y otro se lanzan, enturbiando así el panorama electoral.

A la nación le urge saber cuán ciertas son esas acusaciones. Y el gobierno debe explicar las razones por las cuales en conocimiento de supuestos manejos inescrupulosos del candidato de oposición mientras ejercía funciones públicas en la administración pasada, no ha llevado el caso ante los tribunales, como es su deber.

Gente de la categoría que se le reconoce al liderazgo político debe tomar estos asuntos con más seriedad y respetar al pueblo que ve horrorizado al nivel que están descendiendo.

Miguel Guerrero es escritor y periodista
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