La columna de Miguel Guerrero

Por Miguel Guerrero / El Caribe

El país tiene pleno derecho de saber qué vinculación pueden tener, si existieran, políticos y candidatos dominicanos con el famoso escándalo de corrupción conocido como Marbella, en España, que le ha costado el puesto y la cárcel a decenas de funcionarios municipales y empresarios españoles.

La sociedad dominicana organizada no puede ni debe renunciar a ese derecho.

Un debate cara a cara sobre ese y otros asuntos relacionados con la corrupción y vitales para la institucionalización democrática y el futuro de la economía de la república es fundamental e inaplazable.

El caso ha cobrado un mayor interés nacional tras las afirmaciones del presidente Fernández cuestionando la capacidad y honorabilidad de los principales adversarios de la oposición y la respuesta inmediata del candidato del PRD de que la ventilación pública de ese tema podría afectar más a la reelección que a sus aspiraciones.

Dado que el mandatario y otros altos dirigentes de su partido han cuestionado el origen patrimonial del candidato perredeísta y éste ha ripostado retándole a un debate sobre la situación económica de ambos, las posibilidades de su realización son tal vez mayores que en ninguna otra oportunidad anterior.

Esquivarlo después de haber traído el gobierno el tema con tanta insistencia a la arena electoral, podría darle al candidato rival un nuevo elemento de censura al Ejecutivo y atacar la reelección desde una perspectiva adicional a la del contrato con la Sun Land, denunciado por el PRD ante la Suprema Corte como ilegal y violatorio de la Constitución.

No hay razón para evadir o atribuirle intenciones dañinas a un debate formal entre candidatos, abierto a todos los temas.

En una democracia real estos eventos son propios de los procesos electorales. Ayudan a los electores a conocer a fondo a los candidatos y a darle altura y contenido a las campañas políticas.

Miguel Guerrero es escritor y periodista
mguerrero@mgpr.com.do