El día después

Hoy, Matutino Dominicano

EDUARDO JORGE PRATS
e.jorge@jorgeprats.com
Uno de los factores que más gravitan en el presente proceso electoral que vivimos los dominicanos es el de cómo hacer frente a la grave situación social y económica a que nos podría conducir el alza indetenible de los precios del petróleo y sus derivados, la crisis alimentaria mundial y su eventual repercusión en el país, las presiones sobre la tasa de cambio y de interés, y los constreñimientos sobre la estabilidad económica derivados de lo anterior, así como de los déficit fiscal (si Carlos Despradel tiene razón) y cuasi fiscal acumulados hasta la fecha.

No hay que ser Sachs ni Stiglitz para detectar la precariedad de la actual estabilidad económica. Durante mucho tiempo esta estabilidad ha descansado fundamentalmente en la política monetaria desplegada por el Banco Central, sin que el Gobierno asuma su importante cuota en la preservación de la misma. Sólo basta observar que los recursos generados por las reformas fiscales efectuadas por la Administración del presidente Leonel Fernández no han sido canalizados a la reducción del déficit cuasi fiscal generado por el salvamento bancario de 2003 y que, muy por el contrario, este déficit ha aumentado considerablemente.

Si a esta situación del déficit cuasi fiscal sumamos los supra citados factores, entonces vemos que el margen de maniobra del Gobierno para asumir su obligación de cubrir dicho déficit se acorta ante la necesidad de hacer frente a los demás constreñimientos del entorno macro-económico, al tiempo que la vida útil de los instrumentos de política monetaria disminuye frente a unas finanzas públicas crecientemente desequilibradas. Parecería entonces que solo una nueva reforma fiscal permitiría enfrentar esta situación, pero el cuerpo económico de la nación se resiente ante esta posibilidad. Sólo cabría como alternativa la eliminación de subsidios con todo lo que ello socialmente implica para las clases más desposeídas.

Consecuentemente, aumento de impuestos y eliminación de subsidios parecería ser la receta única para enfrentar nuestro malestar, no importa cuál sea el gobierno que inicie el próximo 16 de agosto. Pero si las políticas económicas son políticas y si la economía es también economía política, entonces no hay dudas que el contenido de estas políticas no es invariable a la luz de quienes son los hacederos de las mismas. Cómo tampoco es invariable el contexto político-social en que esas medidas serán adoptadas.

Es creciente el número de personas que, aunque entienden que se deben preservar y aumentar los niveles de efectividad de la Administración Tributaria logrados por las actuales autoridades, opinan que una reforma tributaria no debe estar destinada al incremento de los tributos sino al aumento de la productividad y de los niveles de justicia tributaria.

Consideran estos sectores sociales que, si bien debe eliminarse el despilfarro en el gasto gubernamental y la arbitrariedad en el cumplimiento de prestaciones sociales que no deben depender de la coyuntura electoral, debe haber más y mejor Estado Social. De manera que, para muchos dominicanos, la disminución de impuestos y las economías en el gasto público, no implican necesariamente que el Estado no recaude más y no gaste con más eficiencia, atendiendo a un conjunto de prioridades nacionales y a una lógica de finanzas públicas sanas, transparentes y equilibradas.

Que el día después de las elecciones sea soleado o tormentoso dependerá entonces de la capacidad de consensuar medidas económicas ajustadas a la realidad nacional y de poder implementarlas en un entorno no crispado por las manifestaciones de repudio popular y por la inconformidad de una oposición cuya lealtad se verá seriamente erosionada por el trauma de una campaña electoral en donde la igualdad de los partidos fue vulnerada por el avasallante aparato estatal.

Muchos entienden que gobierno viejo no enfrenta eficazmente crisis nuevas y que solo la luna de miel de un gobierno nuevo permitirá implementar adecuadamente medidas de austeridad fiscal y justicia social, que satisfagan tanto al sector empresarial como a los sectores populares y que, por demás, cuenten con el consenso de los partidos. Lo que está en juego, en consecuencia, no solo es quién será el próximo presidente de la República sino, además, quién podrá enfrentar la crisis con una nación unida, reconciliada y reconstruida, en libertad y democracia y sobre bases institucionales firmes y renovadas.