Un empuje a la industria

Con esta ley se crea un fondo de garantía bancaria para facilitar los financiamientos de intermediarios financieros a las pequeñas y medianas empresas. y se crea un régimen especial aduanero para el sector industrial, con sus riesgos

Por Roberto Despradel / El Caribe

La semana pasada el Congreso Nacional aprobó la Ley de Competitividad e Innovación Industrial.

Es el resultado de un importante esfuerzo para atender muchas de las necesidades del sector productivo nacional y tiene su génesis en el intenso proceso de apertura comercial que lleva nuestro país; bajo la premisa de que los acuerdos comerciales únicamente tienen sentido si son aprovechados por los países.

Ya con el DR-CAFTA entrando en su tercer año y con el acuerdo con la Unión Europea iniciando en enero próximo, los industriales necesitaban una clara señal de que el Estado estaba dispuesto a trabajar de manera conjunta para enfrentar el reto de la apertura.
Con esta ley se crea un nuevo marco regulador, con el objetivo de aumentar la competitividad y fomentar la innovación.

Se transforma la Corporación de Fomento Industrial, en Proindustria con un Consejo Directivo mixto, con participación de las principales instancias gubernamentales que influyen en el sector y con representantes del sector privado, una combinación que ha funcionado exitosamente en otros consejos.

Se crea un régimen especial aduanero para el sector industrial, con programas de perfiles de riesgos, simplificando y agilizando la burocracia, así como exceptuando del ITBIS en las aduanas todas las materias primas, maquinarias industriales y otros bienes de capital. Se crea un proceso para el reembolso de los impuestos a los exportadores, complementando la ley de fomento a las exportaciones.

Se fomenta la creación de encadenamientos industriales, dentro de la industria nacional y con las zonas francas. Se le da potestad a Proindustria para autorizar parques industriales, otorgando incentivos similares a los promotores de parques de las zonas francas.

Estos parques serán considerados usuarios no regulados de energía eléctrica, pudiendo distribuir la energía en dicho parque, y se considerarán grandes consumidores de combustibles, pudiendo comprar directamente en las terminales de importación.
Se estimula la innovación y la transferencia de conocimiento, exceptuando la retención del ISR a expertos extranjeros que brinden servicios en dicha área.

Se crea un régimen transitorio de 5 años para promover la renovación y modernización industrial, permitiendo depreciar de manera acelerada las maquinarias y permitiendo deducir hasta un 50% de la renta neta imponible las inversiones en maquinarias y tecnología. Un buen empuje; manos a la obra.

Roberto Despradel es economista