La columna de Miguel Guerrero

Por Miguel Guerrero / El Caribe

En una nueva manifestación de desprecio a la opinión pública y a su obligación elemental de mantener informado al país de cuanto se hace en la esfera de la administración bajo su responsabilidad, el secretario de Estado de Hacienda, Vicente Bengoa, al responder a preguntas de periodistas sobre un sonado y controversial contrato suscrito por el gobierno, se despachó con esta respuesta: “Yo creía que ustedes iban a hablar conmigo del presupuesto.

¿Vamos a seguir con la cantaleta de la Sunland?”.

Lo cierto es que no se trata de una cantaleta sino de una denuncia seria contra el gobierno acerca de una probable violación de la Constitución de la República. Un caso en que él pudiera tener en el futuro que ofrecerle a la nación muchas explicaciones, que en su momento no supo o quiso darle.

El contrato con la Sunland no es juego de niños ni un acto de “politiquería” de un partido de la oposición, como se ha tratado de simplificar en el ámbito oficialista. Es tan grave que el gobierno se vio precisado a rescindirlo, en medio de un escándalo mayúsculo, a pesar de lo cual la Suprema Corte de Justicia mantiene abierto a la espera de un dictamen solicitado a la Procuraduría General de la República.

Es un caso que envuelve 130 millones de dólares y en el que pudieran haberse vulnerado principios básicos de transparencia y de respeto a la Constitución y a las leyes nacionales.

Acostumbrado a como tal vez esté a tomar los asuntos de Estado más serios con un criterio partidista, el secretario de Hacienda quizás ignore que el pasarle por alto a la Carta Magna sea un tema del mayor interés público.

Pero el hecho de que él festine obligaciones de su cargo no le concede el derecho a burlarse del derecho del pueblo a saber lo que ha pasado. El rescindido contrato con la Sunland es un asunto muy delicado que debe ser aclarado y sancionado si las violaciones denunciadas llegaran a comprobarse.

Miguel Guerrero es escritor y periodista
mguerrero@mgpr.com.do