Política y reparto

Si los partidos y su dirigencia quieren sobrevivir a la crisis del modelo político imperante deberán repartir más y mejor

Por Pelegrín Castillo / El Caribe/Servicios Google

La nación dominicana, ostenta el título indiscutible de tener la economía con mejor tasa de crecimiento en América Latina en los últimos 40 años. A los dominicanos, ese dato debería llenarnos de orgullo, si no fuera porque al mismo tiempo hemos alcanzado la lastimosa clasificación de ser el segundo país de la región que ha desaprovechado los frutos del crecimiento para mejorar los índices de desarrollo humano de su población.

Y ese balance, con tanto contraste, debería provocar, además de mucho malestar, una profunda reflexión, en especial entre las clases dirigentes. Más aun, de no ser tan marcada su autocomplacencia, debieron desde hace tiempo estar implicadas en un proceso de cambio y rectificación.

Esos resultados, que en forma eufemística se designan como “deuda social”, sólo se explican por un grave déficit del sistema clientelista populista que nos gastamos.

Todo sistema político – en cualquier lugar o época- es por definición, como explica Easton, un sistema de reparto de los bienes y valores generados en una comunidad o sociedad nacional. Es decir, el reparto es la esencia, la característica más señalada de un sistema político, pero su funcionalidad y sus efectos dependerán en gran modo del grado de transparencia, eficacia, eficiencia y equidad con que se efectué ese reparto.

En el caso dominicano, si bien hemos crecido económicamente, hemos repartido mal: con alta concentración de los ingresos y oportunidades; con mucha corrupción impune y con elevados costos humanos, ambientales e institucionales.

Un reparto leonino. En estos días en que se discute el presupuesto nacional, en el marco de una campaña electoral muy convencional, se percibe mejor esta dramática realidad.

En efecto, se envía al Congreso – con el mandato de aprobarlo sin modificaciones- el presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos del Estado, con el monto más elevado en la historia de la República.

Sin embargo, se envía sin proponer una revisión del proceso de endeudamiento público medularmente fraudulento, que provocó hace cuatro (4) años la intervención del Fondo Monetario Internacional; sin hacer un esfuerzo consistente para reducir unos subsidios inequitativos, financiados a su vez con mayor endeudamiento externo; sin modificar a profundidad los sistemas de compras de bienes y servicios y adjudicación de obras públicas por parte del Estado, para maximizar el uso de sus recursos apelando a su poder de compra; y, sobre todo, sin elevar significativamente el gasto social en educación, salud y servicios básicos, que deberían ser el mejor instrumento de distribución de la riqueza.

Pelegrín Castillo es diputado por la Fuerza Nacional Progresista