La columna de Miguel Guerrero

Por Miguel Guerrero / El Caribe

La rescisión del contrato suscrito por el gobierno con The Sun Land y el nuevo acuerdo entre las partes, confirma los temores originados en la opinión pública nacional y le da la razón al Partido Revolucionario Dominicano que ha denunciado ese arreglo como un caso de corrupción que debe ser aclarado todavía por las autoridades y que pone en juego la credibilidad de la Suprema Corte de Justicia, pendiente aún de pronunciarse sobre la instancia de inconstitucionalidad elevada por el denunciante.

El inexplicable manejo por el gobierno de este secreto acuerdo sin precedentes, que dio a una empresa privada el manejo de millonarios instrumentos financieros por más de año y medio, sin ofrecer detalle a la población, es de antología.
El anuncio en virtud del cual se dio por terminada, de común acuerdo entre las partes, la vigencia de este contrato, que involucraba la suma de 130 millones de dólares, deja muchas preguntas sin respuestas.

Y obviamente no borra las responsabilidades de carácter legal que pudieran haberse contraídos con un contrato de préstamo que el gobierno, y el propio presidente Fernández, se empecinaron en negar y que se mantuvo en secreto hasta que el PRD lo hiciera público.

Un lamentable e imperdonable ejemplo de falta de transparencia y encubrimiento que pone una vez más de manifiesto la falta de institucionalidad característica de la práctica democrática en el país y el desprecio oficial por la opinión pública.

Independientemente del curso que este asunto tome a partir de ahora, resulta difícil entender las razones por las cuales en su encuentro almuerzo con directores de medios, a finales de octubre, el presidente incurriera en el error de negar lo que la rescisión del contrato confirma en todas sus partes.

Un típico episodio en el drama de una nación prisionera de la corrupción y del inmenso poder de los funcionarios públicos.

Miguel Guerrero es escritor y periodista
mguerrero@mgpr.com.do