Demora suspicaz

Editorial de El Nacional, Vespertino Dominicano


En un país en donde hasta el pago de pensionados y empleados públicos se atrasa no debería sorprender que el Gobierno no haya entregado a la Junta Central Electoral (JCE) la partida presupuestaria correspondiente a diciembre para los partidos políticos. Podría ser, simplemente, parte del proceso.

Sin embargo, no es así, aún con todo y que leyes y reglas de juego sean vulneradas sin el menor reparo. Nadie traga, todavía sea cierto, que la demora pueda ser por los recurrentes trámites burocráticos. Y más con los alardes que ha exhibido el Gobierno en materia de eficiencia administrativa.

También se sabe de antemano que el atraso con los fondos de los partidos políticos no ha sido por falta de recursos financieros, porque dinero ha tenido el Gobierno, y en abundancia. Es difícil eludir el ingrediente político de una demora que ha debido evitarse por todos los medios.
Si no ha sido una maniobra, el Gobierno tendrá que buscar la forma de explicar una demora precisamente en diciembre. Aún no fuera su intención, pero sabe que sin los recursos al menos reduce la capacidad de maniobra de sus rivales en la lucha por el poder en una época que prácticamente legitima la asistencia social.

La oposición queda en desventaja frente a un poder que se sirve de todos sus recursos durante las fiestas navideñas. Sólo con las cientos de miles de cajas distribuidas por la Presidencia tiene el oficialismo para superar a sus rivales en la batalla para conquistar simpatía electoral.

Es obvio que se atribuirá a malas intenciones o “bellaquerías políticas” cualquier pifia burocrática del Gobierno que perjudique a la oposición, sobre todo por los golpes bajos y las tensiones que han caracterizado la competencia por el poder.

Ahora lo único que se espera es que lo más prontamente posible se desembolsen los más de 80 millones de pesos que los partidos debieron haber recibido antes del 10 este mes. Pero también que se eviten retrasos que ponen una nota de suspicacia a un debate que debería girar en torno al respeto y no a las ambiciones.

Pese a las habituales demoras en pagos por servicios, la realidad es que nadie en su sano juicio acepta que el caso de los partidos puede ser casual. Hasta los más indiferentes es posible que vean una maniobra para limitar la capacidad financiera de la oposición. Si no es así, el Gobierno, que se ha autoincriminado con muchas acciones, incluyendo la compra de conciencias, tendría que buscar la forma de evitar que se piense de esa manera.