El caso Baninter, lució doblegar la fe, porque se esperaban sentencias más fuertes, no obstante, en tiempos atrás, el proceso hubiera muerto para siempre
Por Ramón Alburquerque / El Caribe
La celebración de los primeros diez años de reforma judicial llenó el país de esperanza. Por fin, una década ganada. Se avanzó en formación de jueces, del personal de apoyo y en modernización de métodos administrativos.
Se ha depurado el escalafón y los salarios. Se afianza la ética de la magistratura, observándose mayor transparencia en los procesos y en los fallos. En fin, se experimentan cambios reales.
Esta buena nueva, aunque confía en la rendición de cuentas de la honorable Suprema Corte de Justicia, valora primero, la opinión de juristas, y ciudadanos involucrados en litis, quienes ratifican que las cosas han mejorado, tanto en la forma como en el fondo.
El caso Baninter, lució doblegar la fe, porque se esperaban sentencias más fuertes, no obstante, en tiempos atrás, el proceso hubiera muerto para siempre. Por tanto, hay avances, aunque todavía prime bastante impunidad.
La debilidad crucial se observa en el ministerio público. Es intolerable que el Presidente decida la acción pública en casos de malversación, peculado, excesos, violación constitucional, maltrato o muerte a personas. Faltan vías expeditas que reciban la acusación con garantía de una acción eficaz.
Las principales faltas de ética social, se vinculan al poder, sobre todo, al erario; al frente queda la sociedad civil con sus diarios litigios, donde siempre habrá que actuar más en protección del débil, pero administrable.
La amenaza a la justicia surge del poder, con su sed faraónica, su facilidad de sonsacar, corromper y hacer callar. De nuevo, la eterna paradoja, la sociedad confiere su autoridad para ser sojuzgada.
La gente se dice por doquier, ¿fallarán con apego a la Constitución y a las leyes los recursos de inconstitucionalidad, presentados por el Foro social Alternativo y el PRD?
Creo firmemente, que el tribunal supremo tiene conciencia de su rol, que conoce las consecuencias del silencio o del fallo complaciente.
Con su sentencia debilitará o fortalecerá la institucionalidad del país.
¿Se permitirá que el Presidente autorice deuda pública, con garantía ilimitada del Estado, como la operación con la Sun Land Corporation, sin la debida autorización del Congreso Nacional? Mientras The Royal Bank of Scotland, y otros tenedores, presentan los pagarés al cobro, el Jefe del Estado insiste en negar, que sean deuda pública soberana.
La seguridad jurídica es madre de la prosperidad, pero el Poder Ejecutivo ha de ser, el primer esclavo de las leyes. El caso Sun Land obliga a la honorable Suprema Corte de Justicia a meditar y actuar con sabiduría.
Ramón Alburquerque es presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD)
miércoles, diciembre 05, 2007
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