El fantasma de la crisis que elección tras elección sufrimos los dominicanos entre el cierre de las urnas y el inicio del conteo de los votos, vuelve a amenazarnos con presentarse de mano del gobierno en el escenario político nacional.
Los recortes al presupuesto de la Junta Central Electoral harán necesario, según ha advertido el organismo, a suprimir una serie de acciones dirigidas a garantizar la calidad y la transparencia del proceso, en el cual el jefe del Estado aspira a la reelección.
Una de las más importantes se refiere a la transmisión de las actas en las mesas de votación. Con el presupuesto aprobado al vapor y de manera sumisa por la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados, esos datos no podrían ser “escaneados, dice la junta. Esto significaría una vuelta a métodos rudimentarios, ya superados en otras elecciones.
Y, por supuesto, el regreso a etapas en que esos números podían y de hecho eran manipulados por los partidos y muy especialmente por el gobierno.
El Senado, dominado por el oficialismo, ha tenido el acierto de enviar el texto a una comisión. Tiene ahora oportunidad de corregir un grave y lamentable error de su propia gente.
Están los senadores en la obligación moral de escuchar las voces que han prevenido sobre las graves consecuencias en materia institucional de las podas hechas a las asignaciones solicitadas por la JCE y otros poderes del Estado, como el Congreso mismo y la Justicia.
En el caso de la Junta estaría en peligro la legitimidad misma de los resultados electorales. Y en lo referente a los fondos para la Suprema Corte, los programas de modernización e independencia de ese importante poder.
Asignarle al metro más fondos que a esos organismos en conjunto es una agresión al buen sentido, que sólo contribuye a crear incertidumbre en un año electoral en que están en juego valores más altos que la reelección de un presidente.
Miguel Guerrero es escritor y periodista
mguerrero@mgpr.com.do
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