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La guardia iraní en una prueba de misiles en el desierto, en noviembre de 2006. .
El autor, presidente del Consejo Nacional Iraní-Estadunidense, alerta sobre el deterioro bilateral si Estados Unidos sanciona a la Guardia Revolucionaria de Irán.
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Si califica de organización terrorista a la Guardia Revolucionaria, un cuerpo militar de elite de Irán, el gobierno de Estados Unidos podría asestar un duro golpe a los esfuerzos por apelar a la diplomacia con Teherán con el fin de estabilizar Irak. La actitud de Washington pone en riesgo el limitado, pero aun así significativo, diálogo entre Estados Unidos e Irán sobre Irak. Asimismo, puede limitar el margen de maniobra del próximo presidente estadunidense para buscar una vía diplomática con Teherán, al consolidar un paradigma de enemistad entre los dos país.
Los diarios The Washington Post y The New York Times informaron el miércoles que el gobierno de George W. Bush se prepara para incluir a la Guardia Revolucionaria en el marco de la Orden Ejecutiva (decreto) 13.224, firmada dos semanas después de los atentados que acabaron con tres mil vidas en Nueva York y en Washington el 11 de septiembre de 2001.
La Guardia Revolucionaria, compuesta por 125 mil hombres, será caracterizada como organización “terrorista mundial especialmente designada” por sus supuestas actividades de desestabilización en Irak y otras zonas de Oriente Medio.
La Orden Ejecutiva 13.224, destinada a obstruir el financiamiento de organizaciones terroristas, habilita al gobierno a calificar de ese modo a individuos, empresas, instituciones de caridad y grupos políticos y a bloquear sus bienes. La Guardia Revolucionaria iraní sería el primer cuerpo militar incluido en esa lista.
Creada por la Revolución Islámica triunfante en Irán en 1979 como un Ejército paralelo, para impedir que las fuerzas armadas regulares orquestaran un golpe de Estado, constituye una poderosa fuerza política estrechamente vinculada a las facciones más conservadoras. La Guardia Revolucionaria se ha insertado profundamente en la economía iraní e incluso en algunas de sus industrias clave. Ha sido acusada con frecuencia de actuar como mafia patrocinada por el Estado, con una influencia corruptora sobre las empresas, la policía, los medios, el Poder Judicial y el gobierno.
Muchos iraníes consideran que el poder de este cuerpo paramilitar constituye un problema grave. Algunos activistas advierten que cualquier cambio político súbito en Irán beneficiaría a la Guardia antes que a los grupos prodemocracia, justamente a causa de su alto grado de organización y equipamiento.
La decisión del gobierno de Bush de calificarla de organización terrorista internacional ha sido presentada como un paso para intensificar la presión sobre Irán y aislarlo financieramente. Pero no está claro que esta medida sea imprescindible para ejercer presión económica sobre la Guardia Revolucionaria. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya está embarcado en una extensa campaña para “secar” las fuentes de financiamiento de Irán. Que la Guardia Revolucionaria sea identificada como una organización terrorista tendrá un impacto marginal en las acciones que ya se están desarrollando. La medida tampoco afectará de manera decisiva los turbios negocios del cuerpo paramilitar.
Teherán ha estado bajo sanciones por parte de Estados Unidos desde mediados de la década de los noventa. Aunque han sido efectivas para imponer mayores costos a la economía iraní, han resultado un fracaso respecto de forzar un cambio en la política exterior del país. La imposición de más sanciones y una renovada presión financiera tendrán muy probablemente el mismo efecto: le resultará más caro al gobierno de Teherán llevar adelante sus políticas, pero no lograrán detenerlas o modificarlas. El mayor impacto de la decisión de Washington se verificará en el terreno político. Puede conspirar contra el incipiente diálogo entre Estados Unidos e Irán en Bagdad, que apunta a estabilizar la situación en Irak.
Aunque las conversaciones han sido consideradas sin precedentes, no han mostrado hasta el momento ningún avance concreto, a excepción de que ambas partes están hablando por primera vez en 28 años. No resulta claro cómo espera Washington alcanzar algún éxito en esas negociaciones si califica de terroristas a las mismas personas a las que les pide colaboración.
Paradójicamente, algunos de los diplomáticos iraníes que participan del diálogo en Bagdad son todavía miembros de la Guardia Revolucionaria. Es el caso de Mohammad Jafari, quien se sentó a la misma mesa con la secretaria de Estado estadunidense, Condoleezza Rice, en la cumbre celebrada este año en la ciudad egipcia de Sharm El Sheik.
La decisión del gobierno de Bush pone en peligro ese canal de comunicación, ya sea a consecuencia de su total colapso o enviando una señal de hostilidad que podría convencer a Teherán de que Washington no toma seriamente la vía diplomática.
Muchos analistas en esta capital son escépticos respecto de las intenciones del gobierno en esas negociaciones.
Legisladores del gobernante Partido Republicano que apoyan las políticas del Poder Ejecutivo señalan el diálogo en Bagdad como evidencia de que se están llevando a la práctica las recomendaciones del Grupo de Estudio sobre Irak, un panel de ex funcionarios y expertos creado por el Congreso legislativo que diseñó un plan de acción.
A cambio, pidieron a los legisladores del opositor Partido Demócrata que respaldaran la escalada militar en Irak adoptada por Bush meses atrás.
Aunque las negociaciones en Bagdad no han producido ningún resultado tangible, tienen para el gobierno la ventaja de ofrecerle cobertura política en el Congreso legislativo. Las consecuencias de largo plazo de catalogar a la Guardia Republicana como organización terrorista son más significativas. Es más fácil incluir a alguien en esa lista que sacarlo luego de ella.
Un futuro presidente tendrá límites legales para tratar con personas asociadas a una organización calificada como terrorista, sin mencionar que el paso del gobierno de Bush cimentará aún más el paradigma de enemistad en las relaciones bilaterales. Esta decisión reforzará la actual línea argumental dominante acerca de que la estabilidad en Oriente Medio sólo podrá alcanzarse a través de la contención y derrota de Irán.
Se considera que ambos países están embarcados en un juego de suma cero, en el que el compromiso y el diálogo equivalen a la capitulación. La diplomacia no es vista como herramienta para lograr una solución que beneficie a ambos, sino como otra variante del enfrentamiento.
No resulta sorprendente que esta línea de pensamiento sea común entre los extremistas de Teherán, quienes en el pasado no ahorraron esfuerzos para sabotear los avances diplomáticos en dirección a Washington. Si no se neutraliza esta visión, el paradigma de enemistad entre Estados Unidos e Irán se convertirá muy probablemente en una profecía autocumplida.
Los diarios The Washington Post y The New York Times informaron el miércoles que el gobierno de George W. Bush se prepara para incluir a la Guardia Revolucionaria en el marco de la Orden Ejecutiva (decreto) 13.224, firmada dos semanas después de los atentados que acabaron con tres mil vidas en Nueva York y en Washington el 11 de septiembre de 2001.
La Guardia Revolucionaria, compuesta por 125 mil hombres, será caracterizada como organización “terrorista mundial especialmente designada” por sus supuestas actividades de desestabilización en Irak y otras zonas de Oriente Medio.
La Orden Ejecutiva 13.224, destinada a obstruir el financiamiento de organizaciones terroristas, habilita al gobierno a calificar de ese modo a individuos, empresas, instituciones de caridad y grupos políticos y a bloquear sus bienes. La Guardia Revolucionaria iraní sería el primer cuerpo militar incluido en esa lista.
Creada por la Revolución Islámica triunfante en Irán en 1979 como un Ejército paralelo, para impedir que las fuerzas armadas regulares orquestaran un golpe de Estado, constituye una poderosa fuerza política estrechamente vinculada a las facciones más conservadoras. La Guardia Revolucionaria se ha insertado profundamente en la economía iraní e incluso en algunas de sus industrias clave. Ha sido acusada con frecuencia de actuar como mafia patrocinada por el Estado, con una influencia corruptora sobre las empresas, la policía, los medios, el Poder Judicial y el gobierno.
Muchos iraníes consideran que el poder de este cuerpo paramilitar constituye un problema grave. Algunos activistas advierten que cualquier cambio político súbito en Irán beneficiaría a la Guardia antes que a los grupos prodemocracia, justamente a causa de su alto grado de organización y equipamiento.
La decisión del gobierno de Bush de calificarla de organización terrorista internacional ha sido presentada como un paso para intensificar la presión sobre Irán y aislarlo financieramente. Pero no está claro que esta medida sea imprescindible para ejercer presión económica sobre la Guardia Revolucionaria. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya está embarcado en una extensa campaña para “secar” las fuentes de financiamiento de Irán. Que la Guardia Revolucionaria sea identificada como una organización terrorista tendrá un impacto marginal en las acciones que ya se están desarrollando. La medida tampoco afectará de manera decisiva los turbios negocios del cuerpo paramilitar.
Teherán ha estado bajo sanciones por parte de Estados Unidos desde mediados de la década de los noventa. Aunque han sido efectivas para imponer mayores costos a la economía iraní, han resultado un fracaso respecto de forzar un cambio en la política exterior del país. La imposición de más sanciones y una renovada presión financiera tendrán muy probablemente el mismo efecto: le resultará más caro al gobierno de Teherán llevar adelante sus políticas, pero no lograrán detenerlas o modificarlas. El mayor impacto de la decisión de Washington se verificará en el terreno político. Puede conspirar contra el incipiente diálogo entre Estados Unidos e Irán en Bagdad, que apunta a estabilizar la situación en Irak.
Aunque las conversaciones han sido consideradas sin precedentes, no han mostrado hasta el momento ningún avance concreto, a excepción de que ambas partes están hablando por primera vez en 28 años. No resulta claro cómo espera Washington alcanzar algún éxito en esas negociaciones si califica de terroristas a las mismas personas a las que les pide colaboración.
Paradójicamente, algunos de los diplomáticos iraníes que participan del diálogo en Bagdad son todavía miembros de la Guardia Revolucionaria. Es el caso de Mohammad Jafari, quien se sentó a la misma mesa con la secretaria de Estado estadunidense, Condoleezza Rice, en la cumbre celebrada este año en la ciudad egipcia de Sharm El Sheik.
La decisión del gobierno de Bush pone en peligro ese canal de comunicación, ya sea a consecuencia de su total colapso o enviando una señal de hostilidad que podría convencer a Teherán de que Washington no toma seriamente la vía diplomática.
Muchos analistas en esta capital son escépticos respecto de las intenciones del gobierno en esas negociaciones.
Legisladores del gobernante Partido Republicano que apoyan las políticas del Poder Ejecutivo señalan el diálogo en Bagdad como evidencia de que se están llevando a la práctica las recomendaciones del Grupo de Estudio sobre Irak, un panel de ex funcionarios y expertos creado por el Congreso legislativo que diseñó un plan de acción.
A cambio, pidieron a los legisladores del opositor Partido Demócrata que respaldaran la escalada militar en Irak adoptada por Bush meses atrás.
Aunque las negociaciones en Bagdad no han producido ningún resultado tangible, tienen para el gobierno la ventaja de ofrecerle cobertura política en el Congreso legislativo. Las consecuencias de largo plazo de catalogar a la Guardia Republicana como organización terrorista son más significativas. Es más fácil incluir a alguien en esa lista que sacarlo luego de ella.
Un futuro presidente tendrá límites legales para tratar con personas asociadas a una organización calificada como terrorista, sin mencionar que el paso del gobierno de Bush cimentará aún más el paradigma de enemistad en las relaciones bilaterales. Esta decisión reforzará la actual línea argumental dominante acerca de que la estabilidad en Oriente Medio sólo podrá alcanzarse a través de la contención y derrota de Irán.
Se considera que ambos países están embarcados en un juego de suma cero, en el que el compromiso y el diálogo equivalen a la capitulación. La diplomacia no es vista como herramienta para lograr una solución que beneficie a ambos, sino como otra variante del enfrentamiento.
No resulta sorprendente que esta línea de pensamiento sea común entre los extremistas de Teherán, quienes en el pasado no ahorraron esfuerzos para sabotear los avances diplomáticos en dirección a Washington. Si no se neutraliza esta visión, el paradigma de enemistad entre Estados Unidos e Irán se convertirá muy probablemente en una profecía autocumplida.
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