Por Juan Taveras Hernández
El autor es escritor
El presidente Fernández, candidato nuevamente, ha elaborado toda una teoría para oponerse al reglamento elaborado por la JCE, que le expuso a los jueces durante el almuerzo de la semana pasada. Citó varios ejemplos de países donde no hay reglas que limiten el accionar de los partidos y de los candidatos durante el proceso electoral.
Al parecer algunos jueces de la JCE quedaron convencidos de anular el reglamento, por ese encantador de serpientes que es el presidente Fernández a la hora de hablar.
Estados Unidos no es un buen ejemplo por tratarse de un país grande y desarrollado con una experiencia muy vasta en materia electoral, un país conde las reglas están en la ley que todos, absolutamente todos, tienen que cumplir. ¡Y hasta en Estados Unidos se han producido dificultades y hasta fraudes electorales! ¡Pregúntenle a Bush!
La postura del presidente Fernández la entiendo perfectamente. Yo, en su posición, es seguro que haría lo mismo. El, en su condición de Presidente de la República, tiene todo el poder que le otorga la Constitución, más el control del aparato estatal, la judicatura, el Congreso, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Cámara de Cuentas, una buena parte de la propia JCE donde claman por no "cortarle las alas" de la reelección....
A todo ese poder inmenso tenemos que sumarle el poder que tiene en los medios de comunicación como resultado de la inversión de 500 millones de pesos mensuales, seis mil millones al año, que es más, mucho más, de lo que reciben varias secretarías de Estado, incluso más, mucho más, de lo que recibe la JCE.
Insisto, yo, si fuera Presidente de la República buscando la reelección, también me opondría al reglamento de la JCE.
Lo que no entiendo es la postura del PRD, la coincidencia con el presidente Fernández. Si yo fuera Miguel Vargas estaría promoviendo y reclamando la aprobación lo antes posible del reglamento de las elecciones, porque si bien "no le corta las alas al presidente", por lo menos se las limita, le impide volar alto con los recursos del Estado, lo coloca frente a la disyuntiva de actuar de espalda a la ley, de espalda al reglamento.
El PRD tendría una bandera de lucha más. Reclamar, exigir, de la manera que sea, el cumplimiento de la Ley Electoral y de los reglamentos.
El PRD no puede competir con el Estado, con el gobierno, con todos los recursos de que dispone el PLD y su candidato presidencial. El PRD no puede sacar todos los meses 500 millones de pesos para repartirlos entre las bocinas. No tiene el respaldo económico del presupuesto de la nación.
El PRD no tiene los guardias y policías que tiene el presidente, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El PRD sólo tiene un juez en la JCE tratando de "cortarle las alas" al Presidente de la República.
El PRD no tiene a un jefe del Clero, como Agripino Núñez Collado, metido todos los días en la JCE tratando de controlarlo todo, como lo tiene el PLD y el gobierno.
Entonces, no entiendo, de verdad que no comprendo, por qué el PRD se opone a que las elecciones sean reglamentadas, como manda la ley. Porque es bueno señalar que el reglamento no es un invento del juez Roberto Rosario, el reglamento está en la ley 275-97 que fue aprobada, consensuada, vale decir, por los legisladores de los partidos que ahora, extrañamente, lo quieren violar.
Entre sus atribuciones la JCE debe "reglamentar la participación de los partidos y movimientos políticos en los medios de comunicación social del Estado".
"Reglamentar la propaganda en los medios de comunicación, con el fin de evitar distorsiones, alusiones calumniosas o injuriosas que afectan el honor o la consideración de candidatos o dirigentes políticos, así como menciones que puedan crear intranquilidad o confusión en la población."
"Reglamentar todo lo concerniente a las actividades de los observadores electorales".
También la JCE tiene que "disponer las medidas que considere apropiadas para asegurar el libre ejercicio de los derechos de tránsito, libre reunión, igualdad de acceso a los medios de comunicación, tanto estatales como privados, así como de todos los derechos y obligaciones relacionados con la compaña electoral previstos en la presente ley."
Incluso la JCE durante las elecciones debe "asumir la dirección y mando de la fuerza pública o Policía Militar Electoral, bajo la supervisión de un Oficial General designado por el Poder Ejecutivo, en los lugares en que se celebren las votaciones."
Si lo que es igual no es ventaja, ¿por qué oponerse a la reglamentación, de acuerdo con la ley, del proceso electoral? ¿Por qué insistir en el caos y el desorden?
Un buen reglamento, fruto del debate no sólo de los jueces electorales, sino de los partidos y sus líderes, abierta y públicamente, es saludable para las elecciones y sus resultados finales.
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