La Palabra Digital Bogotá
Análisis de: Héctor Riveros Serrato
"Frente a la "entrega" y la confesión al menos parcial de sus delitos, los paramilitares han puesto a la sociedad en la encrucijada de decidir qué hacer con ellos. Van a ser perdonados?, unos si y otros no?, a los que no, qué castigo se les va a imponer?, qué condiciones les vamos a exigir para darles un trato benévolo?, cómo van a ser tratados los políticos, militares, jueces, empresarios que los apoyaron?, en fin un largo y difícil cuestionario si además consideramos que estamos frente a los más despiadados criminales de toda la historia de Colombia.
... La inmensa mayoría de la sociedad se mantiene al margen o porque cree no tener los elementos de juicio suficientes o simplemente porque no se le ha convocado. Una encuesta que quiso saber qué pensaban los ciudadanos sobre el tema dejó atónitos a algunos porque las respuestas no coincidían con sus códigos éticos y sus cargas emocionales. Otras sociedades, en otros momentos han sido puestas en la misma encrucijada y solo han logrado salir de la prueba las que han construido consensos sociales sobre cómo superarla.
... El mayor problema ha sido que no hay un "acuerdo" con el cual estar de acuerdo o no. El Gobierno insiste en no decir con claridad a qué se comprometió -en nombre de todos los colombianos- y que ofrecieron a cambio los paramilitares. Por ahora se sabe que nos comprometimos a no extraditarlos a los Estados Unidos, donde se les requiere por narcotráfico, a cambio de colaborar con la justicia y en estos días reveló el Presidente que nos obligamos a no castigar a quienes "sólo" hayan incurrido en el delito de conformación de grupos armados ilegales. De la otra parte, no hay certeza sobre sus compromisos, pero -si por ejemplo- se comprometieron a contar la verdad, están incumpliendo!
... Pero aún si solo fueran "perdonables" los delitos políticos cabe preguntarse qué es lo que define que un delito sea político? La Constitución no lo dice, las normas internacionales tampoco, entonces es el legislador el que lo define, pero la Corte Suprema de Justicia recuerda que eso era antes -en lo que los abogados llaman el Estado legal de derecho- que ahora en el "Estado Constitucional" quienes tienen la última palabra son los jueces que son los que señalan los valores y principios con los que se definen los "conceptos jurídicos indeterminados". Sin embargo, para guardar la formas, ese proceso solo ocurre si el legislador adopta una decisión y los jueces deciden si la aplican o no al resolver algún caso, o si es constitucional o no. El legislador lo hizo, el Constitucional dijo que no había cumplido el trámite y la Suprema dijo que ni aún si lo hubiera hecho bien lo inaplicaría.
Para sostener su posición la Corte Suprema hace una defensa del "delito político", que parece escrita en el siglo XIX, en la que le agrega un elemento que considera esencial para que un delito pueda ser político: sus fines "altruistas". Este argumento no es jurídico sino que corresponde a la ética de los magistrados y de alguna manera tiene sustento en la tesis de que "se justifica" acudir a la violencia para derrotar la injusticia. Vaya, vaya! Una Corte tan conservadora como esta con argumentos que parecieran "revolucionarios". Lo que ocurre es que esa posición es muy cercana a una ética católica que también explica porque las mayores concesiones que se le han hecho a la guerrilla en los últimos años en Colombia se han hecho en gobiernos conservadores y no liberales.
.... Si nos comprometimos a no castigar a unos, vamos a cumplir, hasta ahí tiene razón el Presidente. De hecho, no es que sólo hayan cometido el delito de paramilitarismo, es que el grado de impunidad y la incapacidad de Estado son tan altos que no hay cómo saber que fue lo que hicieron. Es más, la mayoría de ellos no tenían investigaciones judiciales en su contra cuando se desmovilizaron. En el fondo estamos aceptando la incapacidad de la sociedad para sancionarlos.
Si no queremos que algo de lo que se mencionó arriba ocurra digámoslo. Pero antes que fórmulas jurídicas, que claro que las hay, toca buscar consensos políticos porque finalmente el derecho es solo un instrumento para formalizar y hacer obligatorias las decisiones que las sociedades adoptan en procesos políticos y culturales.
Además sería una buena oportunidad para saber a que más se comprometió el gobierno en nuestro nombre, si los paramilitares están cumpliendo con aquellas cosas a las que se comprometieron con el gobierno que actuaba en nuestro nombre y si, en nuestro nombre se decidió qué pasaba si se incumplían esas obligaciones".
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